Luanda - La modificación de la Ley del VIH-Sida permitirán reforzar los derechos y garantías constitucionales de las personas que viven con el virus, afirmó el lunes, en Luanda, la consultora jurídica Roquiana Gunza.
Al intervenir en el taller "Avances de la Medicina en la Lucha Contra el VIH y el SIDA" y "Audiencia Pública sobre la actualización del Marco Legal VIH/SIDA", refirió que el cambio se centrará, entre otros aspectos, en los avances científicos, el lenguaje discriminatorio, la atención a cuidados integrales, deber cívico y la criminalización.
Con respecto a la criminalización, dijo que el nuevo código penal trae un exceso de penalización y, de acuerdo con las normas de derechos humanos, es un exceso que es perjudicial para la respuesta al VIH, ya que existen medios menos graves y más eficaces para hacerlo.
Según el representante adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Angola, Gabriel Dava, la Ley sobre el VIH/SIDA en vigor, aprobada el 1 de noviembre de 2004, ya no corresponde a las exigencias científicas actuales.
Para el responsable, a pesar de que su aprobación garantizó grandes e importantes avances para mejorar la vida de las personas en términos de prevención y respuesta al VIH, estos avances estuvieron basados en las evidencias científicas disponibles en esa fecha.
Gabriel Dava sugiere actualizar la visión sobre los pasos a seguir para revisar la ley. Tenemos nuevas e importantes pruebas de qué funciona y de lo que crea problemas no previstos en la prevención y respuesta al VIH y para las poblaciones afectadas, subrayó.
Dio a conocer que las recomendaciones de la Evaluación del Entorno Legal y Jurídico para el VIH y el Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva (LEA) indican que uno de los factores que aumenta la vulnerabilidad de grupos específicos es el alto estigma y la discriminación, que crean barreras y afectan el acceso a los servicios de salud.
Dijo que el PNUD defiende que la ley del VIH debe ser una ley de derechos, porque la criminalización excesiva aumenta el estigma y la discriminación contra las personas que viven con la enfermedad, aparta a la gente de las pruebas, impacta en la adherencia a los tratamientos retrovirales, reduciendo así la eficiencia de las políticas de prevención y respuesta», concluyó.
Por su parte, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Américo Cuononoca, pidió la unión de sinergias en la lucha para erradicar el VIH/SIDA en el mundo, y en particular en Angola.
Para él, la lucha contra el VIH/SIDA debe centrarse no sólo en el desarrollo de acciones encaminadas a perfeccionar o mejorar la cadena de medidas curativas, sino también en la búsqueda de nuevas metodologías para aplicar medidas preventivas.
En caso contrario, ha subrayado que "hay que incluir medidas legislativas, que por la dinámica de la evolución tecnológica y científica y del contexto socioeconómico y cultural deben adaptarse a la nueva realidad y a una nueva visión estratégica de lucha contra la enfermedad".
Añadió que la Asamblea Nacional defiende una enmienda a la ley actual, que garantice la prevención y una protección aún mayor de los derechos humanos de las personas que viven con VIH y que refleje los múltiples avances científicos de los últimos 20 años de esta enfermedad.
La asesora del Instituto Nacional de Lucha contra el Sida, Cláudia Barros, destacó que la situación epidemiológica, en 2023, estima que 320 mil personas viven con VIH, de las cuales 32 mil son niños desde el nacimiento hasta los 14 años, 200 mil son mujeres, 24 mil estaban embarazadas y 12 mil fueron muertes relacionadas con el SIDA.
A su turno, el representante de la ONG Acción Humana, Pombal María, sugirió que las empresas petroleras y diamantíferas renuncien a un paquete de sus responsabilidades sociales para apoyar a la sociedad civil, con el fin de responder a los programas trazados.
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