Luanda - Angola se prepara, en los últimos tiempos, para vivir la mayor reforma administrativa desde la conquista de la Independencia, el 11 de noviembre de 1975, con la implementación del proceso de autarquías locales.

Por António Tavares, periodista de la ANGOP

En momentos en que el país cumple 49 años de independencia, las autarquías locales se presentan como una nueva propuesta de gobernanza en Angola, basada en una administración descentralizada.

Su institucionalización es uno de los temas más comentados y discutidos en los últimos años en los círculos políticos, académicos y de la sociedad civil, habiendo adoptado otras formas con la creación de una serie de condiciones materiales y legislativas para su materialización.

Se trata de un cambio previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República de Angola, según el cual la organización democrática del Estado se estructura sobre la base del principio de descentralización político-administrativa, que incluye la existencia de formas organizativas del poder local. incluidas las autoridades locales.

La descentralización implica la acumulación y reparto de competencias entre el Gobierno Central y el Gobierno local, es decir, a nivel jurídico se dice que es el sistema en el que la función administrativa se encomienda no sólo al Estado, sino también a personas colectivas territoriales, es decir, las autarquías locales.

En el nivel político-administrativo, hay descentralización cuando los órganos de las autarquías locales son elegidos libremente por sus respectivas poblaciones, siendo independientes en sus deberes y competencias, a pesar de estar sujetos a formas atenuadas de control administrativo, por regla general restringido a el control de la legalidad.

Sin embargo, en términos generales, se puede decir que el proceso implica la limitación del Gobierno Central y el surgimiento de entidades políticas locales, legitimadas por elecciones autárquicas, así como, en consecuencia, la mejora de la eficiencia, la gobernabilidad, la equidad y la reducción de la pobreza. 

La descentralización del poder contribuye al desarrollo de cualquier país, si se crean las condiciones necesarias para su implementación efectiva, que es el principal desafío que enfrenta el Ejecutivo angoleño.

Desafíos

Realidades similares a las de Angola indican que hay muchos desafíos que enfrentar para que haya un proceso de implementación de las autarquías, eficiente y capaz de presentar resultados satisfactorios que puedan contribuir al desarrollo local y global del país.

Los diversos desafíos que debe enfrentar el país para el éxito de sus autarquías involucran aspectos geográficos, institucionales y su nivel de desarrollo.

Otros aspectos a tener en cuenta para su exitosa implementación tienen que ver con el grado de urbanización, tipo de infraestructuras técnicas y administrativas existentes, la base económica de cada municipio, densidad de población, disponibilidad de estructuras jurídico-administrativas y vías de acceso y comunicación, para establecer autarquías que atiendan a las poblaciones, ya que en los respectivos municipios debe desarrollarse la vida.

La Constitución de la República de Angola consagra un modelo de gobierno de la autarquía local basada en tres instituciones, siendo una asamblea dotada de poderes deliberativos, un órgano ejecutivo colegiado y un presidente de la autarquía.

Ventajas y desventajas de implementar autarquías

Este sistema será el precursor de un conjunto de ventajas y desventajas, tanto para la población como para el Gobierno Central.

Algunas de las ventajas pueden ser, en particular, la reducción de la burocracia en la gestión pública y los servicios públicos, una mayor proximidad entre los ciudadanos y el Ejecutivo, más autonomía entre los municipios y una mayor participación de la población en la toma de decisiones.

También incluye un mayor control sobre la recaudación de ingresos del municipio, eficiencia en la resolución de problemas urgentes en los municipios, mejor acceso a los servicios de salud y educación, entre otros.

En cuanto a las desventajas, se centran básicamente en la posibilidad de descoordinación en el ejercicio de las funciones autárquicas y el mal uso de competencias limitadas al municipio por parte de personas (alcaldes) que no siempre están bien preparadas para ejercerlas.

Transferencia de habilidades

El proceso de implementación de las autarquías implica fortalecer la descentralización del poder administrativo, así como la transferencia de competencias y recursos humanos y financieros a los municipios.

En el paquete que regula el proceso de institucionalización de las autarquías locales, se encuentra el proyecto de Ley de Transferencia de Atribuciones y Competencias del Estado a las AutarquíasLocales, que prevé la transferencia progresiva de competencias de la administración central a las autarquías e incluye la Transferencia de recursos que fija anualmente el Presupuesto General del Estado.

Además de transferir poderes de administración a las autarquías, el sistema central y las diferentes autarquías también pueden establecer asociaciones, siendo responsabilidad exclusiva del Estado las tareas que no están asignadas a las autarquías locales.

Las competencias que se traspasarán del Estado a las autarquías abarcan diversas áreas como salud, educación, energía, agua, ocio, vivienda, acción social, deporte, protección civil, patrimonio, cultura, ciencia, promoción del desarrollo, entre otras.

Las autarquías se organizarán por sus órganos representativos, que estarán integrados por la Asamblea Municipal, el Ayuntamiento y el Presidente del Ayuntamiento, quienes serán elegidos cada cinco años.

PIIM compite por implementación de autarquías

El Estado ha sentado las bases para la implementación de las autarquías a través del Plan Integrado de Intervención en los Municipios (PIIM), que tiene como objetivo identificar las principales necesidades de los municipios, con el fin de resolver los problemas prioritarios de estas nuevas estructuras.

Hay mucho trabajo por hacer antes de la celebración de las elecciones locales, y una de las premisas que integran las acciones del PIIM, lanzadas en 2019, en la provincia de Moxico, y que se implementan en todo el país, tiene que ver con la construcción de infraestructuras administrativas municipales, para albergar sus servicios.

El portafolio del PIIM comprende más de dos mil proyectos, incluyendo la construcción y rehabilitación de carreteras, escuelas, hospitales, redes de distribución de agua y electricidad, complejos residenciales, entre otros, que garantizan la disponibilidad de servicios básicos a los ciudadanos y un mayor desarrollo de las comunidades.

Al finalizar este año se habrán finalizado 500 proyectos PIIM que atenderán a la población. Con estos nuevos proyectos, la cartera completa del PIIM superará los dos mil proyectos.

Autarquías locales

El Ejecutivo entiende que se debe solucionar la falta de infraestructura para las futuras Autarquías .

Por ello, sabiendo que una de las principales dificultades que experimentan varios municipios es la colocación de personal en su territorio, especialmente en las zonas más remotas, se están construyendo complejos residenciales en 36 municipios, así como 35 asambleas para las autarquías locales.

ENAPP preparada para capacitación de personal

El modelo de gestión de las autarquías locales requiere de una formación multidisciplinaria de directivos, técnicos y futuros electos, desafío para el que la Escuela Nacional de Administración de Políticas Públicas dice estar preparada (ENAPP).

La institución está preparada para formar personal, con el fin de hacer que las futuras comunidades autónomas sean eficientes en la prestación de servicios públicos.

La ENAPP cuenta con un conjunto de actividades de capacitación dirigidas a órganos de la administración pública local y central, algunas de las cuales son obligatorias y otras optativas que se adaptan a las autarquías .

Como parte del proceso de preparación para la implementación de las autarquías locales, ya se han tomado varias acciones, ya que existe una dimensión de capital humano y no se puede lograr la excelencia sin empoderar a las personas.

Condiciones legislativas

Sin embargo, la convocatoria de elecciones locales, facultad atribuida por la Constitución al Presidente de la República, está condicionada a la aprobación de la Ley de Institucionalización de estas estructuras por parte de la Asamblea Nacional.

El Parlamento tiene sobre la mesa dos propuestas, del MPLA y de la UNITA, que deberían ser adoptadas en debates especializados, constituyendo una de las principales agendas del actual año legislativo.

Este diploma ya había entrado en el Parlamento en la legislatura anterior, cuando sólo se aprobó con carácter general, habiendo caducado por normas y usos parlamentarios.

La discusión sobre la implementación gradual o no de utarquías impidió llegar a un consenso.

Sin embargo, la revisión de la Constitución de la República, en 2022, derogó el párrafo 1 del artículo 242, sobre la implementación gradual de las autarquías locales.

El proyecto de Ley de Institucionalización de las Autarquías tiene como objetivo establecer las normas sobre la creación de estas entidades de gobierno local, así como medidas de transición entre la administración local del Estado y la administración autonómica.

El Paquete Legislativo Local ya contiene 12 de los 13 instrumentos legales que regularán el ejercicio del poder de las autarquías en el país, en el marco del proyecto de implementación de las autoridades locales en curso.

Estas son la Ley de Símbolos de las Autarquías Locales, la Ley Orgánica que Aprueba el Estatuto de los Electores Locales, la Ley de Actas y Formas de los Órganos de las Autarquías Locales, la Ley de Régimen Fiscal de las Autarquías Locales, la Ley del Régimen Financiero de las Autoridades Locales, Ley Orgánica de Elecciones Locales y Ley del Régimen General de Cooperación Interautarquía.

Los demás diplomas son la Ley Orgánica de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, la Ley de Transparencia de Atribuciones y Competencias del Estado para las Autarquías Locales, la Ley de Tutela Administrativa de las Autarquías Locales, la Ley que Aprueba el Régimen Retributivo de los Titulares de Cuerpos y Servicios de las Autarquías Locales y la Ley Orgánica de la Guardia Municipal.

Estos diplomas, promulgados por el Presidente de la República, definen el marco general para la atribución de competencias de la función autárquica, su composición y funcionamiento, así como los principios y normas.

ART/IZ/KS