Luanda – La soltura de los reclusos recientemente amnistiados o indultados debe reducir, conforme expectativas de la Procuraduría General de la República, en cerca de 10 por ciento a la población penal de Angola, actualmente estimada en cerca de 25 mil. Por Frederico Issuzo
La disminución de la población penal, distribuida por 40 establecimientos penales, deberá ser acompañada de un alivio de la carga de procesos en los órganos de investigación criminal y en los tribunales, y archival los procesos contemplados por la amnistía.
Sin descuidar potenciales casos de reincidencia, por algunos amnistiados, se admite una relativa reducción en los gastos con los presos, que, actualmente, cuestan al Estado casi USD 750 mil/día, a razón de USD 30 por recluso, según estadísticas oficiales.
La nueva Ley, en vigor desde el 23 de diciembre de 2022, anula todos los delitos (comunes y militares), punibles con pena de prisión de hasta ocho años, cometidos por angoleños o extranjeros, entre el 12 de noviembre de 2015 y el 11 de noviembre de 2022.
En esta categoría de delitos, sin embargo, quedan excluidos del indulto los casos que hayan causado la muerte o grave daño a la integridad física de otras personas, o incluso aquellos en los que se haya recurrido a un arma de fuego.
Se trata de un indulto dedicado específicamente al 47° aniversario de la Independencia Nacional, celebrada el 11 de noviembre del año recién concluido, que básicamente renueva la amnistía de la edición anterior, que abarcó el período de 1975 a 2015.
Durante la aprobación por el Parlamento, la iniciativa se justificó en la necesidad de permitir que la conmemoración de un aniversario más de la Independencia se refleje en el orden social establecido, sin excluir a los ciudadanos privados de libertad.
Esta medida legislativa estuvo acompañada de un indulto presidencial, otorgado a 91 presos de las 18 provincias del país, con motivo de la Navidad, el 25 de diciembre, como “una oportunidad de reinserción social y familiar”.
Según el decreto presidencial que identifica a los 91 beneficiarios, los criterios para la remisión de la pena eran el cumplimiento de la mitad de la pena, el buen comportamiento en la cárcel y la ausencia de peligro social derivado del retorno a la libertad.
Delitos excluidos de la amnistía
A pesar de los beneficios para los ciudadanos contemplados, antes de su aprobación por la Asamblea Nacional el 15 de diciembre de 2022, la iniciativa generó cierto revuelo en la sociedad angoleña y un clima de sospecha por parte de los escépticos, que la vieron como una señal más de retroceso en la cruzada contra la corrupción y la impunidad en el país.
Contradiciendo los temores iniciales del riesgo de indultar a los despilfarradores del erario, que están en la mira o con cuentas en la Justicia, la nueva amnistía deja fuera casi la totalidad de los denominados "delitos económicos", o "delitos de cuello blanco".
La versión final del documento eliminó del ámbito de su aplicación gran parte de tales delitos, incluso los comprendidos en el límite máximo de la pena de ocho años de prisión, con énfasis en corrupción y peculado, en algunas modalidades.
A la luz del Código Penal angoleño, los delitos de naturaleza económica, incluidos en el capítulo de “Delitos cometidos en el ejercicio de la función pública y con perjuicio de la función pública”, son punibles con penas que varían entre dos y 16 años de prisión, en su límite máximo, pero todos ellos quedan expresamente excluidos de la nueva amnistía.
Por ejemplo, la corrupción y la malversación tienen los límites más altos, con 16 y 14 años de prisión respectivamente, pero algunas de sus modalidades son punibles con penas máximas inferiores a los ocho años de prisión.
Asimismo, los límites por tráfico de influencias, obtención de ventajas indebidas y participación económica en negocios oscilan entre cinco y siete años de prisión.
Otras exclusiones
También quedan fuera de la amnistía los delitos contra la propiedad cuyos daños no hayan sido reparados, así como la extinción de la responsabilidad civil y disciplinaria derivada de los hechos amnistiados.
Al igual que en los delitos considerados “no tipificados”, en los términos de la Constitución y la ley, también quedan excluidos del indulto los reincidentes y las personas involucradas en más de un delito al mismo tiempo.
Falsificación de documentos y moneda, defraudación fiscal, fraude en la obtención de crédito, retención de moneda, abuso de confianza, recepción indebida de ventajas, participación económica en negocios, abuso de poder y financiación del terrorismo.
En tanto, todos los bienes incautados en procesos penales amparados por el indulto se declaran “perdidos para el Estado”, excepto aquellos que deban ser devueltos a sus legítimos dueños.
También están exentos de la amnistía los delitos sexuales y el tráfico de personas, así como la promoción y ayuda a la inmigración ilegal, la usurpación de bienes y el vandalismo, la destrucción o privación de bienes públicos.
La proliferación de armas de destrucción masiva, la incitación al desorden público, la sublevación popular y contra la realización del Estado son parte de los delitos excluidos.
Otros delitos no contemplados son los cometidos contra la seguridad del Estado, que no admiten libertad condicional, los delitos ambientales y mineros, el tráfico de personas, armas y municiones, y los más graves estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
