Luanda - Las autoridades locales se presentan, hoy, como una nueva propuesta de gobernanza en Angola, basada en un Gobierno descentralizado, tema que domina el debate político después de las elecciones de 2022.

Por António Tavares, periodista de la ANGOP

Su institucionalización es uno de los temas más comentados y discutidos en los últimos años en los círculos políticos, académicos y de la sociedad civil, habiendo tomado otros contornos luego del Presidente de la República, João Lourenço, en su último discurso sobre el Estado de la Nación, en que volvió a demostrar el compromiso del Ejecutivo con la materialización de las autarquías locales.

Esta es la mayor reforma administrativa en el país desde 1975, prevista en el artículo 213 de la Constitución, según el cual la organización democrática del Estado se estructura con base en el principio de la descentralización político-administrativa, que incluye la existencia de formas organizativas del poder local, entre ellas las autarquías locales.

La descentralización implica la acumulación y reparto de competencias entre el Gobierno Central y el Gobierno local, es decir, a nivel jurídico se dice que es el sistema en el que la función administrativa se encomienda no sólo al Estado, sino también a otros órganos territoriales colectivos, a saber, las autarquías.

En el plano político-administrativo, existe descentralización cuando los órganos de las autarquías son elegidos libremente por las respectivas poblaciones, siendo independientes en cuanto a sus atribuciones y competencias, no obstante estar sujetos a formas atenuadas de control administrativo, por regla restringida al control de legalidad.

Sin embargo, en términos generales, se puede decir que el proceso implica la limitación del Gobierno Central y el surgimiento de entidades políticas locales, legitimadas por las elecciones autárquicas, así como, en consecuencia, la mejora de la eficiencia, la gobernabilidad, la equidad y la reducción de la pobreza.

La descentralización del poder contribuye al desarrollo de cualquier país, si se crean las condiciones necesarias para su efectiva implementación, que es el principal desafío del actual Ejecutivo.

Desafíos

Realidades similares a las de Angola indican que hay muchos desafíos que enfrentar para que haya un proceso eficiente de implementación de las autarquías, capaz de presentar resultados satisfactorios que puedan contribuir al desarrollo local y global del país.

Los diversos desafíos que debe enfrentar el país para el éxito de las autarquías involucran aspectos geográficos e institucionales y su nivel de desarrollo.

Otros aspectos a tener en cuenta para su exitosa implementación tienen que ver con el grado de urbanización, tipo de infraestructura técnica y administrativa existente, la base económica de cada municipio, la densidad poblacional, la disponibilidad de estructuras legales y administrativas, vías de acceso y comunicación., a fin de constituir autarquías que sirvan a las poblaciones, ya que la vida debe desarrollarse en los respectivos municipios.

La Constitución de la República consagra un modelo de gobierno de la autarquía basado en tres instituciones, siendo una asamblea dotada de facultades deliberativas, un órgano ejecutivo colegiado y un presidente de la autarquía.

Ventajas y desventajas de implementar las autarquías

Este sistema será el precursor de un conjunto de ventajas y desventajas, tanto para la población como para el Gobierno Central.

Algunas de las ventajas pueden ser, a saber, la reducción de la burocracia en la gestión pública y los servicios públicos, una mayor proximidad entre los ciudadanos y el Ejecutivo, más autonomía entre los municipios y una mayor participación de la población en la toma de decisiones.

También hay un mayor control de la recaudación de ingresos del municipio, eficiencia en la resolución de problemas urgentes en los municipios, mejora del acceso a los servicios de salud y educación, entre otros.

En cuanto a las desventajas, se centran básicamente en la posibilidad de descoordinación en el ejercicio de las funciones autárquicas y el abuso de facultades limitadas al municipio por parte de personas (alcaldes) que no siempre están bien preparadas para ejercerlas.

Implementación gradual y selección de municipios

La institución de los municipios se fundamenta en el principio de gradualidad, según el artículo 242 de la Constitución, principio que, hasta el momento, ha sido la principal fuente de debate en cuanto al alcance de este tema.

Algunos ponentes centran sus intervenciones en el hecho de que el régimen de autarquía debe implantarse de forma integral para todos los municipios al mismo tiempo, con el fin de evitar la exclusión entre ellos.

De acuerdo con el proyecto de Ley de Institucionalización de las Autarquías Locales, su implementación se realizará de manera escalonada, primero con solo 55 municipios de los 164 existentes.

El Ejecutivo garantiza que la implementación plena no superará el límite de 15 años, previéndose la implementación de la autarquía en todos los demás municipios, en cada proceso electoral, es decir, cada cinco años.

Los últimos municipios en ser incluidos en los sistemas de autarquía son aquellos que tienen segmentos de la economía local, basados ​​en la ganadería y la agricultura.

El Ejecutivo apunta sólidas razones para la implementación gradual de municipios en pocos municipios de las provincias de Angola.

Según el proyecto de ley, existen una serie de criterios para la selección de los primeros municipios, basados ​​en el principio de que deben ser autónomos y poder caminar por sí mismos.

De acuerdo con los criterios, se seleccionan municipios que presenten un desarrollo socioeconómico considerable dentro de la respectiva provincia, así como aquellos que, siendo rurales, cuenten con un mínimo de 500.000 habitantes y una capacidad recaudatoria de al menos el 15 por ciento, respecto a la colección total del municipio.

Incluye municipios con menos de 50.000 habitantes, con segmentos de la economía local especializada y una capacidad recaudatoria del cinco por ciento respecto de la recaudación total, así como distritos con fuerte potencial agrícola y capacidad de desarrollo ganadero y auto sustentarse.

La propuesta de ley va más allá, abarcando municipios de baja recaudación y con 250.000 habitantes, así como aquellos con fuertes expresiones culturales, independientemente de su capacidad recaudatoria y de su población.

Sin embargo, la propuesta de gradualismo del Ejecutivo se basa en una estrategia de precaución, ya que no todos los municipios cuentan con la infraestructura necesaria para sostenerse y recaudar ingresos.

Transferencia de competencias

El proceso de implementación de las autarquías implica reforzar la descentralización del poder administrativo, así como la transferencia de competencias, recursos humanos y financieros a los municipios.

En el paquete que regula el proceso de institucionalización de las autarquías, existe una propuesta de Ley de Transferencia de Atribuciones y Facultades del Estado a las Autarquías Locales, que prevé la transferencia progresiva de atribuciones de competencias de la administración central para las autarquías e incluye la transferencia de recursos fijados anualmente por el Presupuesto General del Estado.

Además de la transferencia de competencias de la administración a las autarquías, el sistema central y los distintas autarquías también pueden establecer alianzas, siendo responsabilidad exclusiva del Estado las tareas que no estén atribuidas a las autarquías.

Las competencias a transferir del Estado para las autarquías abarcan diversas áreas como la salud, la educación, la energía, el agua, el ocio, la vivienda, la acción social, el deporte, la protección civil, el patrimonio, la cultura, la ciencia, la promoción del desarrollo, entre otras.

Las autarquías se organizarán por sus órganos representativos, que estarán integrados por la Asamblea Municipal, el Concejo Municipal y el Presidente de la Cámara Municipal, quienes serán elegidos cada cinco años.

PIIM concurre por la implementación de las autarquías

El Estado ha sentado las bases para la implementación de las autarquías, a través de un Plan Integrado de Intervención en los Municipios (PIIM), que tiene como objetivo identificar las principales necesidades de los municipios, a fin de solucionar los problemas prioritarios de estas nuevas estructuras.

Hay mucho trabajo básico por hacer antes de la realización de las elecciones autárquicas, y una de las premisas que integran las acciones del PIIM, lanzado en 2019, en la provincia de Moxico, tiene que ver con la construcción de infraestructuras administrativas autárquicas, para alojar sus servicios.

Como parte del plan, se ejecutan más de dos mil proyectos, como la construcción y rehabilitación de carreteras, escuelas, hospitales, redes de distribución de agua y electricidad, conjuntos residenciales, entre otros, que garantizarán la disponibilidad de los servicios básicos. a los ciudadanos y un mayor desarrollo de las comunidades.

A fines de 2022, se habían abierto más de 856 proyectos y otros 735 estaban a la espera de ser abiertos.

Asambleas autárquicas

El Ejecutivo entiende que las carencias en infraestructura de las futuras autarquías deben ser resueltas.

Por ello, sabiendo que una de las principales dificultades que atraviesan varios municipios es la colocación de personal en su territorio, especialmente en las localidades más alejadas con recursos del PIIM, se adelanta la construcción de complejos residenciales en 36 municipios, así como 35 montajes para las autarquías.

ENAPP preparada para capacitación de personal

El modelo de gestión de las autarquías requiere de una formación multidisciplinaria de directivos, técnicos y futuros electos autárquicos, desafío para el cual la Escuela Nacional de Administración de Políticas Públicas dice estar preparada (ENAPP).

Según el administrador de la ENAPP para el Área de Capacitación, Édmio Fernando, la institución está preparada para capacitar funcionarios, con el fin de que las futuras regiones autárquicas sean eficientes en la prestación de los servicios públicos.

En entrevista con la ANGOP, informó que la ENAPP tiene un conjunto de acciones de formación dirigidas a los órganos de la administración pública local y central, algunas de carácter obligatorio y otras optativas que convienen a las autarquías.

Destacó que, en el proceso de preparación para la implementación de los municipios, ya se han tomado varias acciones, pues hay una dimensión de capital humano y no se puede llegar a la excelencia sin capacitar a las personas.

En esa perspectiva, según el administrador, la ENAPP tiene una lista de cursos para este segmento y un departamento enfocado en la formación de la administración autárquica.

También dio a conocer que la capacitación está relacionada con las finanzas locales, la gestión municipal, la planificación básica, los presupuestos participativos y los procedimientos de contratación pública, ya dirigidos a los municipios, independientemente de las etapas que pueda tener este proceso.

También habló de capacitación en manejo de unidades urbanas, mercados y ferias, tránsito y movilidad urbana, entre otras áreas que pueden brindar respuestas técnicas y rápidas a la población.

El responsable dijo que la institución está preparada para dar respuesta a las 18 provincias, ya que ha creado centros regionales y locales, a pesar de la necesidad de más recursos humanos, contando también con la participación de más actores.

Por eso, dijo, en el proceso de transferencia de competencias, ciertos ministerios, dada la complejidad del tema, han creado ciclos de formación.

Por ejemplo, ENAPP, en alianza con el Ministerio de Finanzas, creó la Academia de Contrataciones Públicas para formar técnicos en esta área (contratación pública).

“Este es el rol que debe asumir ENAPP, para que pueda contribuir a la implementación de las autarquías.