Luanda - El Parlamento angoleño aprobó este miércoles, con carácter general, el proyecto de ley sobre los delitos de vandalismo de bienes y servicios públicos, que prevé severas penas en respuesta al aumento del nivel de vandalismo en el país en los últimos años.
El diploma, una iniciativa legislativa del Ejecutivo, fue aprobado con 182 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones, durante la VI Sesión Plenaria Ordinaria de la V Legislatura.
En el documento, el Ejecutivo propone penas de hasta 25 años para los delitos de vandalismo contra bienes públicos, en respuesta al fuerte aumento de este fenómeno en los últimos años.
A lo largo del debate, en general, los legisladores fueron unánimes en defender sanciones contundentes para este fenómeno, señalando el aumento del nivel de vandalismo en todo el país en los últimos años.
Según la propuesta, la destrucción de un bien público o la perturbación de un servicio público puede ser sancionada con pena de privación de libertad de cinco a diez años, estableciéndose una pena de diez a 15 años de prisión por la promoción del vandalismo y, si se trata de infraestructuras de transporte, un aumento de 20 a 25 años.
El diploma establece sanciones de entre tres y ocho años de prisión para quien atente contra la seguridad de bienes y servicios públicos, como revelar información de seguridad o amenazar con destruir bienes públicos, agravando la pena en un tercio si existe peligro real a la vida o a la integridad física.
El diploma también prevé sanciones para la transformación y exportación ilegal de bienes públicos, de diez a 15 años, y para la recepción de bienes públicos, de seis a 12 años.
Según la fundamentación, la destrucción de bienes y servicios públicos ha ido aumentando exponencialmente, convirtiéndose en conductas frecuentes con inestimables pérdidas sociales, económicas y financieras, que afectan las cadenas de energía, agua, gas, combustibles y transporte público.
Fundamentaciones de votación
El diputado Pedro de Morais Neto, del MPLA, justificó su voto a favor de la propuesta "al comprender la inmensa necesidad que tiene nuestra sociedad y nuestro país de contar con este instrumento jurídico ajustado a nuestra realidad sociopolítica y económica".
"Votamos a favor porque estamos conscientes de que es necesario que en nuestra sociedad haya una respuesta más proactiva y enérgica a este mal que la afecta", señaló
Por su parte, el diputado Joel Pacheco, del grupo parlamentario UNITA, dijo que votaron a favor del instrumento legal porque creen que llegó el momento de poner fin a conductas nocivas que atentan contra bienes y servicios públicos.
"Votamos a favor para que el debate en la especialidad pueda enriquecer el diploma, teniendo en cuenta la necesidad de mirar otros ángulos que creemos importantes, como las causas probables que incentivan este comportamiento y estudiar otras vías igualmente necesarias para solucionarlo" y se ponga cobro a este mal”, recalcó.
El representante Rui Malopa Miguel, del PRS,
dijo que es necesario combatir las prácticas, conductas y comportamientos de los ciudadanos que perjudican el interés público. DC/ART/EP
