Luanda - El director general de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Gilberto Capessa, afirmó este martes, en Luanda, que la aprobación de la Ley de Designación y Ejecución de Actos Jurídicos Internacionales responderá a los deseos del propio proceso de evaluación del país.
En declaraciones a la prensa, en el marco de las valoraciones, discusiones y votaciones del referido proyecto de ley por las comisiones especializadas de trabajo de la Asamblea Nacional, dijo que la ley ayudará a revisar y conformar varios aspectos en el campo técnico.
En ese contexto, destacó que permitirá confirmar las deficiencias que se habían identificado durante la evaluación.
El Proyecto de Ley que modifica la Ley nº 1/12, de 12 de enero, sobre la designación y ejecución de actos jurídicos internacionales, tiene por objeto establecer el sistema de atribuciones y competencias en materia de designación, ejecución y exención interna o internacional de personas, grupos y entidades, así como los mecanismos para aplicarles medidas preventivas e ilustrativas específicas.
El documento también pretende combatir el terrorismo y su financiamiento, así como la proliferación de armas de destrucción masiva, permitiendo al país cumplir con cualquier acto nacional o internacional relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad, incluida la resolución del Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las recomendaciones de otros organismos internacionales, regionales o subregionales a los que el país esté vinculado.
De acuerdo con el funcionario, el tema de las sanciones es uno de los principales cambios que se realizaron, debido a la necesidad de sancionar, ya sean personas, grupos o entidades nacionales o extranjeras, en relación a asuntos relacionados con la prevención y combate a la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Respecto a las sanciones, dijo que depende del delito cometido.
Por su parte, la editora Lisandra Coelho afirmó que, con este cambio, hay un mayor refuerzo a nivel legal y práctico para las entidades que ejecutarán la ley, proporcionando nuevos subsidios en el campo de su implementación, fundamentalmente en las listas de sanciones. comités de las Naciones Unidas, el tratamiento que debe darse, así como su difusión.
Destacó que los cambios surgen a raíz de la evaluación de Angola por parte del GAFI, lo que resultó en la necesidad de realizar ajustes a la ley.
“Esencialmente se cambiaron 19 artículos y se adicionaron 5 nuevos, que refuerzan la designación de entidades, personas y grupos designados en esta materia”, destacó.
Con sede en París (Francia), el GAFI fue creado en 1989 como una acción intergubernamental entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Su objetivo principal era promover la protección del sistema financiero internacional.
Su función es definir estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación, así como otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional relacionadas con estos delitos.
En la actualidad, el GAFI cuenta con alrededor de 35 países miembros directos, además de más de 150 países miembros de los distintos organismos regionales vinculados a él, como el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT).
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