Luanda - Los diputados a la Asamblea Nacional aprobaron, este jueves, en general, el Proyecto de Ley Básica de la Función Pública, que consagra materias relacionadas con la misión, objetivos y principios, que tienen potestad de orientar la acción de los funcionarios públicos.
El diploma aprobado por unanimidad en la séptima reunión plenaria ordinaria reintroduce el nombramiento como regla de ingreso a la Función Pública, reduce el período de prueba de cinco a un año, así como prohíbe la prueba por contrato.
Según la ministra de Administración Pública, Trabajo y Seguridad Social, Teresa Dias, la propuesta introduce la figura del contrato de trabajo público como un régimen de excepción a tener lugar sólo en situaciones extraordinarias para la realización de necesidades transitorias o eventuales.
Según la gobernante, el diploma prohíbe la transición administrativa del personal contratado al personal permanente y elimina la edad máxima de 35 años.
La ampliación del plazo de extinción del contrato de trabajo público a 24 meses, cesando, sin ningún trámite, la tramitación de salarios y otras prestaciones económicas o patrimoniales a cargo del Estado, es otro de los objetivos recomendados en el diploma.
Teresa Dias destacó que, en el ámbito jurídico laboral, la presente ley prevé la ampliación del período de adscripción de dos a un período no superior a tres años, siendo prorrogable por una sola vez, por causas consideradas en el servicio.
Agrega que si se produce una extravasación del plazo de prórroga, se coloca al trabajador en situación de disponibilidad permanente en la entidad de destino y se extingue el vínculo en la plantilla de origen, salvo que exista un claro interés en mantenerlo.
El título establece que el funcionario, durante la adscripción, podrá percibir la retribución que le resulte más favorable y, en caso de nombramiento para ejercer funciones ejecutivas en órganos estatutarios de instituciones públicas, el régimen de adscripción se prolongará durante el tiempo que dure el cargo, siendo la iniciativa de ampliar la autoridad competente para nominar.
Introduce el derecho de preferencia en la cobertura de las vacantes existentes y la prioridad en la movilidad del cónyuge o pareja de hecho, que también sea trabajador por cuenta ajena, en caso de traslado, adscripción o intercambio al mismo lugar, especialmente cuando tengan hijos menores 12 años de edad.
En la misma sesión, los parlamentarios aprobaron por unanimidad, en general, el Proyecto de Ley General del Trabajo, cuyo diploma rige la relación jurídico-laboral basada en el respeto a la dignidad humana, la justicia, la equidad, la libertad y la solidaridad.
Los principales cambios de esta iniciativa con relación a la Ley General del Trabajo aún vigente se relacionan con la obligación de reducir el contrato de trabajo por un tiempo determinado por escrito; la introducción de la justificación para la celebración de un contrato de duración determinada.
Reducción del límite de duración del contrato por un período determinado; introducción, en los contratos especiales, de la figura del Contrato de Teletrabajo y del Contrato de Trabajo por Comisión de Servicios; introducción de los Derechos de la Personalidad en el Proyecto, especialmente la libertad de expresión y opinión, la integridad física y moral, la privacidad de la vida privada y la protección de datos personales, respectivamente; son otros cambios recomendados.
Al intervenir en la presentación del diploma, la ministra Teresa Dias destacó la mejora de la organización, las condiciones de trabajo y las relaciones laborales como una medida de política estratégica para estimular la valorización del capital humano y la promoción del empleo calificado y remunerado.
Enfatiza la implementación de la Reforma de la Ley y la Justicia, definiendo e implementando un modelo de buen gobierno, traducido en el fortalecimiento de la capacidad, calidad, eficacia y eficiencia del Estado como medida de política estratégica para garantizar la Reforma del Estado.
En efecto, la Política de Desarrollo Estratégico y el Programa de Acción tienen como objetivo promover la modernización de la organización del trabajo, proteger los derechos de los trabajadores y garantizar ambientes de trabajo útiles y seguros, adecuando la legislación ordinaria a los principios y normas emanados de la Constitución de la República de Angola.
Los diputados también acordaron en general el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de los Tribunales de Apelación, con miras a establecer la lista de jueces de la misma en desacuerdo con el número de jueces que son jueces en efecto en los Tribunales de Apelación en funcionamiento, designado por Resolución del Consejo Superior de la Judicatura.
En ese contexto, el secretario de Estado de Justicia, Orlando Fernandes, explicó que con la aprobación del diploma, el Tribunal de Apelaciones de Luanda, en lugar de tener 21 jueces, pasará a tener 31, mientras que la de Benguela pasa de 19 a 24 , Huila se quedó con 17, Saurimo de 17 pasó a 15 y Uije de 17 pasó a 15 jueces de apelación.
Según el responsable, el diploma también se ajusta a la escala salarial de los jueces de apelación, que era inferior a la de los jueces de derecho.