Luanda - Los esfuerzos y compromisos asumidos por el gobierno angoleño en la asistencia e inclusión social de las víctimas de artefactos explosivos, fueron presentados en una sesión plenaria durante los debates temáticos al margen de la 20ª reunión de los Estados miembros del Tratado de Ottawa sobre la prohibición del uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, que se celebra del 20 al 22, en Ginebra (Suiza).
Durante la sesión de este martes, el director general de la Agencia Nacional de Acción contra las Minas (ANAM), Leonardo Sapalo, destacó como evidencia de los esfuerzos y compromisos asumidos por el Ejecutivo angoleño, la ampliación del Centro de Rehabilitación de Viana de unidades destinadas al sistema asistencial, la inclusión social de víctimas de artefactos explosivos en la selección paralímpica de fútbol.
Leonardo Sapalo refirió que el programa llevado a cabo por el Ejecutivo angoleño para mejorar y garantizar los derechos de las víctimas de artefactos explosivos y el bienestar de las familias define las responsabilidades de la ANAM y de otros actores destinatarios de la asistencia.
La agenda del Ejecutivo, agregó, incluye la elaboración de la norma nacional de atención a las víctimas, la construcción y ampliación de unidades de salud dotadas de servicios de fisioterapia y rehabilitación, la implementación de programas públicos y privados dirigidos a víctimas de artefactos explosivos destinados a combatir el hambre. y la pobreza, el incremento de los servicios de inclusión económica a través del emprendimiento, la mejora de las políticas de seguridad social.
En los debates temáticos, Leonardo Sapalo presentó las principales prioridades en la implementación de la atención a las víctimas, que incluyen la recopilación de datos de las víctimas en las 18 provincias del país, el uso de la herramienta IMSMA v3.0 de octubre de 2002, una interfaz que utiliza el sistema de información geográfica, por parte de los operadores, el desarrollo de capacidades institucionales y el intercambio de información de manera regular entre los actores, con datos desagregados por género, edad y discapacidad.
La lista de prioridades incluye la disponibilidad de fondos para la inclusión social, la revitalización de la rehabilitación física, los esfuerzos del Estado, la no exclusión del acceso a los servicios y la participación, la creación de la red de mujeres víctimas de minas, la inclusión de organizaciones de mujeres y niños con discapacidad en el ámbito de los operadores de atención a víctimas y la inclusión social de mujeres víctimas de artefactos explosivos.
Como desafíos, señaló la existencia de obstáculos que deben superarse: la elaboración del plan nacional y su implementación efectiva, el compromiso de todos los socios, la construcción de capacidades institucionales de la ANAM, la movilización de recursos financieros y la comprensión de la situación real de las víctimas a través de la recogida de datos.
El responsable también reconoció la necesidad de ampliar la intervención en la atención a las víctimas de manera aislada, así como mitigar la divergencia en la definición de prioridades sectoriales aliadas a la disponibilidad de fondos y ver la limitada capacidad financiera y medios de trabajo del órgano de gobierno que merecen la atención particular del Estado y de los socios internacionales.
