Ondjiva - Ciento cuarenta y nueve mil 356 litros de combustible fueron incautados en 2024 por los distintos cuerpos de la Policía Nacional en la provincia de Cunene por intento de contrabando, contra 38.325 litros en el mismo periodo del año anterior.
Del combustible incautado, 101.300 litros de gasolina y 48.353 litros de gasóleo estaban destinados a la venta ilegal en la vecina República de Namibia.
Los datos constan en el informe de balance de la seguridad pública, al que la ANGOP tuvo acceso este martes, en el que destaca el registro de 112 delitos relacionados con el contrabando de productos petrolíferos, con 81 presuntos autores detenidos.
La fuente indicó que el producto fue incautado en diferentes acciones que desmantelaron redes de individuos dedicados a esas prácticas.
El combustible se compra en bombas de gasolina legales para ser introducido de contrabando en territorio namibio por nacionales y namibios, que lo envasan en bidones de 20, 25, 30 y 200 litros y otros depósitos en vehículos adaptados.
En los últimos tiempos, los automovilistas han optado por cambiar los depósitos de sus vehículos para transportar un mayor volumen del producto.
El fenómeno se debe al bajo precio en Angola en comparación con el país vecino, donde los protagonistas utilizan rutas no autorizadas, debido a la longitud y vulnerabilidad de algunos puntos de la frontera.
La provincia de Cunene comparte 460 kilómetros de frontera con la República de Namibia, de los cuales 340 son terrestres y 120 fluviales.
Mientras tanto, la Ley nº 5/24, de Lucha contra el Contrabando de Productos Petrolíferos, aprobada el 23 de abril por la Asamblea Nacional (AN), decreta punición con una pena mínima de tres años y máxima de 12 años de prisión, en caso de importación o exportación al territorio nacional.
Esta ley tiene por objeto tipificar como delito el contrabando de productos petrolíferos y delitos conexos, con el fin de responsabilizar penalmente a los respectivos infractores.
La legislación aprobada abarca el contrabando de cualquier producto petrolífero que se produzca en territorio nacional y se aplica a todas las personas físicas y jurídicas que cometan delitos tipificados en la legislación vigente.
También introduce mecanismos rápidos para declarar la pérdida, a favor del Estado, de los instrumentos, productos y ventajas del delito.
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