Luanda - Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en detalle, este jueves, en Luanda, la Propuesta de Ley de Autorización Legislativa sobre los Principios Generales Relativos a la Aplicación de la Nueva Estructura Indicativa de las Tablas Salariales o Complemento Salarial del Servicio Público.
La propuesta, evaluada bajo la coordinación de la V Comisión de Economía y Finanzas, pasará ahora a la votación final global, que tendrá lugar en la sesión plenaria del 22 de este mes.
La propuesta tiene como objetivo optimizar la organización y aplicación de la estructura indicativa de las tablas salariales y remuneraciones adicionales de los servidores públicos, con miras a garantizar la equidad salarial entre los servidores públicos y los agentes administrativos clasificados en la carrera técnica y en otras carreras del régimen general.
Durante la discusión del dictamen conjunto sobre el proyecto de ley, los diputados presentaron varios aportes para los ajustes y clasificaciones necesarios, antes de su aprobación en el pleno.
La Propuesta tiene como objetivo principal adecuar los salarios de los trabajadores del sector público, promoviendo una mayor justicia y equilibrio salarial, siendo las principales medidas un aumento del salario base en un 25 por ciento, con miras a mejorar el poder adquisitivo de los empleados del sector público, especialmente en Un contexto económico marcado por el aumento del costo de vida en el país.
La medida también reduce la desigualdad entre categorías profesionales y armoniza los ingresos en sectores estratégicos.
Además del aumento porcentual, la propuesta introduce una nueva escala salarial más simplificada y transparente, reorganizando los niveles de remuneración en función de las cualificaciones y responsabilidades laborales.
La nueva escala salarial fue evaluada en 2024, durante una sesión del Consejo de Ministros, bajo la orientación del Presidente de la República, João Lourenço.
Recientemente, el Ejecutivo angoleño reiteró que, a partir de marzo de 2025, pagará los salarios de los funcionarios públicos y agentes administrativos ajustados en un 25 por ciento, con efecto retroactivo a los meses de enero y febrero.
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