Huambo - El juicio del caso “Restos a Pagar”, que involucra a ex directivos públicos, entre 2010 y 2014, inicialmente previsto para este lunes, en el Tribunal de Distrito de Huambo, fue postergado por ausencia de los fiscales del Ministerio Público (MP).
La información fue entregada a la prensa, en las afueras de la tercera sección penal del Juzgado de Distrito de Huambo, por uno de los abogados defensores, Bruno Sucumula, según quien la ausencia de los magistrados del MP obligó al juez del caso a suspender la discusión del material de prueba hasta el próximo lunes (11).
Los imputados son João Sérgio Raul (en el momento de los hechos, secretario general del Gobierno de la provincia de Huambo), Victor Chissingui (ex director de la oficina de Estudios, Planificación y Estadísticas), Constantino César (jefe de Administración, Patrimonio, Departamento de Tecnologías de la Información, Gestión de Presupuesto y Transporte de la Secretaría General de Gobierno de la provincia de Huambo) y Claudino Sicato Tiago (jefe de la sección de Ejecución Presupuestaria y Contabilidad, también, de la Secretaría General).
Bruno Sucumula, causídico del coprocesado João Sérgio Raul, dijo que el avance es razonable y prudente, ya que la prueba no puede realizarse sin la presencia del Ministerio Público, como titular de la causa penal.
Explicó que el juez de la causa, Bruno de Melo, reprogramó la audiencia para el próximo lunes (11), esperando que, para entonces, los magistrados del Ministerio Público puedan asistir a la sesión del juicio, en momentos en que el sindicato convocó a una huelga parcial.
Observando el principio de secreto judicial, Bruno Sucumula informó que el juicio del coacusado, quien ya había sido condenado por el mismo Tribunal, este en 2020, a nueve años de prisión, se llevará a cabo como resultado de la sentencia 5196/19 del Tribunal Supremo, que anuló la decisión adoptada en primera instancia.
En la sentencia, según el letrado, el Tribunal Supremo considera que se ha vulnerado las normas de práctica de la prueba, de diligencia debida esencial y de descubrimiento de la verdad material.
Dijo que espera una mayor celeridad en el proceso de producción de pruebas, para buscar la verdad material del caso “Restos a Pagar” y hacer justicia.
A su turno, el abogado Nascimento Dinis, en defensa del coacusado Constantino César, dijo que desde el punto de vista jurídico, la anulación de la sentencia de primera instancia dictada por la Corte Suprema es normal y justa, tomando en cuenta el recurso de apelación interpuesto contra la decisión.
Agregó que fue un proceso muy complejo, pues hubo muchas cuestiones involucradas, desde el punto de vista material formal y penal, planteadas por los abogados defensores ante el Tribunal Supremo, que estimó el recurso.
En el fallo del juicio celebrado en 2020 se había acreditado que los coacusados causaron pérdidas globales a la unidad presupuestaria del Gobierno de la provincia de Huambo y a seis nuevos órganos independientes, en su momento, un billón 176 millones y 118 mil kwanzas, de los cuales se beneficiaron directamente la cantidad de 488 millones, 40 mil 685 kwanzas con 39 centavos.
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