Luanda - La Propuesta de Ley que repriste (recupera) el reglamento del código de procedimiento civil y procesal penal tiene como objetivo permitir la aplicación de la legislación sobre el nuevo mapa organizativo y judicial y, en particular, sobre recursos civiles y penales.
Este supuesto está contenido en el diploma aprobado este viernes, por unanimidad, por los diputados a la Asamblea Nacional reunidos en la IV sesión plenaria de la IV Legislatura.
El propósito de la Propuesta de Ley es revocar varias normas de la ley nº 20/88 del 31 de Diciembre y retomar (recuperar o restaurar una determinada forma) normas sobre apelación del código procesal penal y civil.
En el ámbito del proceso penal, tiene como finalidad la reconstitución de las reglas del recurso de apelación en 2ª instancia previstas en el Código Procesal Penal, aprobado mediante Decreto No. 16. 489, de 15 de Febrero de 1929.
El Proyecto de Ley que retoma (término técnico en materia de Derecho) las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal comprende la siguiente sistematización: un preámbulo y una parte dispositiva que contiene 8 (ocho) artículos.
Al presentar el diploma, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Francisco Queirós, manifestó que es imperativo adecuar la legislación vigente, para adecuarla al nuevo mapa judicial del país, ya que pronto comenzarán a operar los juzgados de la relación de Luanda, Benguela y Huila.
Ley de costas judiciales
En la misma sesión, los diputados coincidieron en general con 149 votos a favor (MPLA, UNITA, FNLA y PRS) que modifica la Ley nº 2/05 de 17 de Agosto, de Costas. Ninguno en contra y 14 abstenciones de CASA-CE e independientes.
La propuesta constituye un instrumento fundamental para la consolidación del marco legislativo de referencia de las costas judiciales y la competencia de los tribunales, a fin de contribuir a superar las debilidades existentes en el ordenamiento jurídico angoleño.
Tiene como objetivo actualizar el régimen jurídico de las tasas judiciales y la jurisdicción de los tribunales a la realidad económica y financiera actual del país, según el mapa judicial aprobado por la Ley N ° 2/15 de 2 de Febrero.
Los costos judiciales o procesales generalmente corresponden al precio de la prestación del servicio público de justicia en los tribunales.
El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, al presentar el diploma, manifestó que la preocupación fundamental tiene que ver con el valor de los costos y los efectos que este valor pueda tener en el acceso a la justicia.
Dijo que las costas legales, como instrumento de recaudación de ingresos, pueden incidir en el acceso a la justicia, porque de esta manera se puede mejorar el clima laboral y, en consecuencia, agilizar el manejo de los casos.
Esta ley derogó las reglas del Decreto N ° 43.809, de 20 de Julio de 1961, que aprobó las reglas sobre honorarios y competencias judiciales. Sin embargo, hasta la fecha no se ha aprobado un código que actualice el régimen de costos.
Según Francisco Queiróz, el objeto de la Propuesta de Ley es actualizar el valor de las tasas judiciales ante la pérdida del valor de adquisición de Kwanza.
El funcionario de gobierno defendió, sin embargo, la necesidad de definir el valor de las competencias jurisdiccionales de la jurisdicción, según sus niveles, definiéndose en los casos civiles.
“Estamos ante una ley que se mantendrá en vigencia por poco tiempo, hasta que se apruebe el Código de Costas Judiciales, que se está trabajando en la Comisión de Reforma de la Justicia”, enfatizó.
Este diploma legal contiene 7 artículos.
