Luanda - Un acuerdo de colaboración entre la Defensoría del Pueblo y la Inspección General de la Administración del Estado (IGAE) será rubricado en septiembre próximo, con el objetivo de cooperar y promover el trabajo de ambas en favor de los derechos de los ciudadanos y del funcionamiento de los órganos de administración, en el marco de la ley.
El hecho fue dado a conocer este martes, en Luanda, por la Defensora del Pueblo, Florbela Araújo, al final de una reunión con el titular de la IGAE, Ângelo da Veiga Tavares, durante la cual "estudiaron" fortalecer la colaboración en este sentido.
El acuerdo se centrará, entre otros aspectos, en defender los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, así como en apoyar actos relacionados con la corrupción y otras ilegalidades cometidas por funcionarios públicos.
También constituyen mecanismos de cooperación, intercambio de información, análisis de denuncias/quejas y quejas de los ciudadanos.
Según Florbela Araújo, la Defensoría del Pueblo “no ha sido encontrada” en relación con temas relacionados con la lucha contra la corrupción, lo que debería ser revertido, ya que el organismo ha recibido denuncias de ciudadanos sobre instituciones que presuntamente han cometido ilegalidades en la realización de su actividad.
“También hay que llamar al Defensor del Pueblo, porque recibimos quejas de los ciudadanos”, argumentó, subrayando que la corrupción también es una violación de los derechos de los ciudadanos.
En su opinión, se necesita mayor alerta por parte de la IGAE, para orientar a los empleados, directivos públicos y titulares de cargos directivos y de dirección en relación con los actos que deben realizar en el día a día, sin perjudicar al Estado.
Por su parte, el inspector general de la administración del Estado, Ângelo Tavares, destacó la importancia del encuentro, destacando que en él se establecieron mecanismos que permitirán una interacción más rápida y que, en última instancia, se respetan los derechos y los intereses de los ciudadanos.
Para él, la necesidad de que la administración pública cumpla con las normas y la defensa de los derechos de los ciudadanos son factores que llevan a las instituciones a trabajar juntas en la búsqueda de la mejor manera de desarrollar su rol.
Consultado sobre el trabajo de la institución que dirige, hace dos meses, el funcionario dijo que era prematuro hacer una evaluación, en la medida en que se trabaja en el proceso de reestructuración de la Inspección General del Estado y en la reformulación de los títulos jurídicos que contribuyen a la actividad de este organismo.
“Ese es el enfoque principal, pero nuestro trabajo continúa”, dijo, destacando que la IGAE recibe denuncias de diversos ámbitos.
