Luanda - La Presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Carolina Cerqueira, destacó, este lunes, el compromiso con la educación para cambiar las mentalidades sobre el papel y el lugar de la mujer en la sociedad, la educación para la igualdad y la equidad de género.

Carolina Cerqueira, que hablaba en la apertura de la conferencia sobre violencia contra la mujer y derechos humanos, dijo que el empoderamiento de la mujer debe pasar por la integración del tema en los programas de enseñanza de los diferentes sistemas educativos y la promoción de un diálogo franco, abierto y incluyente, entre todos los actores sociales, sobre la violencia contra las mujeres, las ventajas de la participación de las mujeres en la toma de decisiones y los mecanismos para inhibir los actos de violencia.

Según la presidenta de la AN, la promoción del diálogo institucional y la colaboración entre las ONG y las instituciones del Estado debe ser una constante, ya que las organizaciones de la sociedad civil son los ojos y oídos del clamor de la sociedad, que permiten encontrar soluciones globales más adecuadas a los problemas locales que detectan.

Carolina Cerqueira señala como factores de riesgo para la violencia contra las mujeres su bajo nivel educativo y, aunque constituyen el 52% de la población angoleña, el 47% de las mujeres angoleñas no tuvo acceso a la escuela o tiene un bajo nivel educativo.

“La exposición a la violencia en la infancia, una actitud complaciente ante la violencia, la falta de una cultura de denuncia y la falta de preparación de los órganos policiales y judiciales para atender las denuncias son otros factores de riesgo para la violencia intrafamiliar entre nosotras”, aseveró.

En el mundo actual, agregó, una nueva forma de violencia está afectando severamente la vida de mujeres y niñas, debido a fenómenos que se vinculan con la crisis climática y los desastres, cuyo impacto es devastador, especialmente para los más vulnerables (niños y mujeres).

Carolina Cerqueira adelantó que este programa expone el aumento de la pobreza y las desigualdades contra mujeres y niños, evidenciadas en la falta de instalaciones de salud y seguridad, la deserción escolar y el pobre acceso a servicios básicos de salud, como agua potable, vacunas, identidad, asesoría legal, empleo o préstamos, privándose de una protección adecuada y corriendo el riesgo de sufrir violencia sexual y malos tratos.

Para Carolina Cerqueira, las víctimas deben merecer apoyo humanitario y ayuda permanente para una participación efectiva en la reconstrucción de sus vidas y en el proceso de inclusión social, lo que significa garantizar a las niñas y mujeres el acceso igualitario a la información, oportunidades de empleo, capacitación, préstamos y recursos financieros de ayuda para lograr la estabilidad e integración comunitaria, que ayuden a solucionar los problemas de sus familias.

“Es ineludible, como principio básico de las sociedades modernas, la igualdad entre hombres y mujeres, de iure y de facto, de participación en la economía, en la política y en los diversos sectores de la vida del país, en igualdad de condiciones, donde puedan sentirse realizadas ampliamente como seres humanos, sin discriminación de ningún tipo, ni barreras impuestas por la violencia. Es necesario revisar el programa penal y verificar si realmente existe el delito de violencia intrafamiliar como un tipo delictivo autónomo, ya que el nuevo código penal no hace referencia al mismo y la ley contra la violencia intrafamiliar no prevé con suficiente precisión”, adelantó

A su juicio, es necesario profundizar en acciones para aumentar la efectividad de la acción de las autoridades, como incrementar las detenciones preventivas y las detenciones efectivas para los agresores de violencia doméstica, así como considerar la creación de un equipo multidisciplinario que tenga la responsabilidad de mejorar la calidad y comunicación de la información entre las distintas entidades públicas.

Carolina Cerqueira también apunta a la necesidad de que las organizaciones definan medidas para una respuesta inmediata tras la presentación de una queja o denuncia, para crear guías para la actuación funcional de los agentes, guías para la prevención integral dirigida a niños y jóvenes, así como para mejorar la formación de profesionales de diversos sectores, para que se pueda dar una respuesta más rápida y eficaz a las víctimas, evitando la llamada “victimización secundaria” o el desincentivo en las unidades de policía de mujeres que tienen el coraje de presentar una denuncia, o tienen vergüenza de quejarse de haber sido víctimas de un delito.

Según la gobernante, mientras los procesos de violencia intrafamiliar se realizan en las salas de delitos, los de regulación de la patria potestad se realizan en las salas de familia y de menores, generando situaciones absurdas en las que pueden atribuir la regulación de la patria potestad a los agresores.

Señaló que en el país solo existen 14 salas de consejería familiar y unos 9 albergues para víctimas, por considerar que es poco para cubrir las necesidades.

Destacó que la violencia doméstica también impacta la vida económica de las víctimas y el entorno en el que se insertan, provocando una pérdida para la economía de los países por el deterioro de la salud mental y la capacidad productiva de las víctimas, se desvaloriza el ser humano capital de la mujer y la hace dependiente económicamente del agresor, perpetuando el círculo vicioso de la violencia.

Reiteró el estímulo al Ejecutivo para la institucionalización de mecanismos de defensa y seguimiento de los derechos humanos, a través de comités locales de derechos humanos, para la implementación del sistema nacional de denuncia de violaciones de derechos humanos y el sistema de indicadores de derechos humanos en Angola.

De esta forma, dijo, se podrá hacer una valoración más objetiva de las cifras, incidencia, causas y medidas para combatir la violencia contra las mujeres, en particular, y contra todos los derechos humanos, en general.

En Angola, por iniciativa legislativa de la Asamblea Nacional, fue aprobada la Ley N° 25/11, sobre el régimen jurídico para la prevención de la violencia doméstica, protección y asistencia a las víctimas.

El nuevo Código Penal aumentó las penas por delitos de violencia intrafamiliar, con el fin de desalentar su comisión.