Luanda - Más de dos mil millones de dólares es el valor de los activos recuperados en Angola y en el exterior, hasta 2023, por el Servicio Nacional de Recuperación de Activos (SENRA) de la Fiscalía General de la República (PGR, en portugés).
La información fue proporcionada este jueves, en Luanda, por el Fiscal General de la República, Hélder Pitta Groz, quien dijo que este es el resultado de la estrategia de combate a la corrupción, la malversación y el lavado de dinero, en marcha desde 2017.
Según el magistrado, que habló en el acto de celebración de fin de año, durante el año en cuestión se trabajó en 530 causas penales y en 653 causas de investigación.
Por otro lado, según Pitta Groz, este año se incorporaron a la plantilla 17 nuevos magistrados del Ministerio Público, distribuidos en varias provincias.
Este número, según la Procuraduría General de la República, se eleva a un total de 634 magistrados.
En cuanto a los técnicos de Justicia, dijo que mediante concurso público de ingreso se admitieron 342 nuevos funcionarios de diferentes categorías que sumados a los existentes suman dos mil 92 empleados.
El Fiscal General de la República también manifestó que se realizó un concurso de acceso que permitió ascender a 332 empleados.
Por otro lado, llamó a los órganos de la PGR a nivel nacional a actuar con rigor y dinamismo para defender y proteger los intereses colectivos y difusos en todo el país, para que no haya la percepción de que estos temas sólo se tratan en Luanda.
Aclaró que el Proyecto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público, los estatutos del Régimen Jurídico de los Técnicos de Justicia, la Remuneración de los Magistrados, Técnicos de Justicia y la Comisión para el análisis de la pertinencia de elaborar o no un Código de Conducta y Ética de los Magistrados de la institución.
Pitta Groz destacó que en 2024 la institución seguirá trabajando en estos documentos, pues los títulos jurídicos que rigen la institución están desajustados a las exigencias de la realidad política, económica y social del país, de ahí la urgencia de actualizarlos.
La aprobación de estos diplomas, dijo, permitirá realizar acciones para mejorar la calidad de vida de jueces, técnicos y empleados.
“Creemos que al finalizar este trabajo marcaremos pasos significativos hacia el desarrollo institucional y la realización de nuestras aspiraciones profesionales”, destacó.
Agregó que durante el próximo año los esfuerzos se concentrarán en mantener funcional la institución, realizando acciones y gestiones con las instituciones del Estado para garantizar las condiciones materiales y recursos financieros para incrementar el número de empleados, con el ingreso de nuevos magistrados del Ministerio Público y Técnicos de Justicia. FMA/VIC/EP