Luanda - La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó este lunes que emitió una orden de captura internacional contra la empresaria Isabel dos Santos, ante la Interpol.
Esta información fue proporcionada a la prensa por el Procurador General de la República, Hélder Pitta Gróz, al margen del Consejo de Dirección de la PGR, que se desarrolla en Luanda.
Según el magistrado, desde 2018 existe un proceso penal contra Isabel dos Santos, y hubo un intento de la PGR de notificarla en su residencia en el condominio Morro Bento, en Luanda.
Según el magistrado, la empresaria se negó a firmar la notificación, habiendo abandonado posteriormente el país.
Refirió que, posteriormente, se entregaron varias notificaciones al estudio de abogados encargado de la defensa de Isabel dos Santos.
Hélder Pitta Gróz dijo que las notificaciones también fueron entregadas a las empresas con las que la empresaria tenía vínculos, a saber, Unitel y ZAP.
“En abril del presente año, al tomar conocimiento la PGR de su permanencia en Holanda, dictó una comisión rogatoria, a fin de que sea oído en ese país europeo, habiéndose negado una vez más a firmar la notificación, y mucho menos a ser cuestionado”, dijo.
Según la Procuraduría General de la República, estos hechos llevaron a que la institución emitiera una orden de captura internacional ante la Interpol, pues desconocía su paradero actual.
Refirió que en Angola hay una representación de la Interpol, y que esa institución ahora es la responsable de las gestiones posteriores.
Isabel dos Santos es acusada de haber perjudicado al Estado angoleño en más de 200 millones de euros.
El 30 de diciembre de 2019, el Tribunal Provincial de Luanda decretó el embargo preventivo de las cuentas bancarias personales de Isabel dos Santos.
Mientras tanto, en Portugal se investigan varias operaciones de la empresaria. El 11 de enero de 2020, el Ejecutivo angoleño anunció que prepara la batalla legal por la confiscación de los bienes de Isabel dos Santos en Portugal.
Esta acción ya está en práctica en forma de carta rogatoria enviada a Portugal, que impidió la transferencia de fondos del Banco Comercial Portugués (BCP) a un banco en Rusia.
