Luanda - La Procuraduría General de la República (PGR) anunció, este jueves, en Luanda, la conclusión de la instauración de tres procesos contra la empresaria angoleña Isabel dos Santos, y espera respuesta de la carta rogatoria enviada a Dubái.
Uno de los casos está relacionado con la gestión de Isabel dos Santos, como presidenta del Consejo de Administración de la petrolera angoleña Sonangol, según el fiscal general de la República, Hélder Pitta Gróz.
Según el magistrado, que hablaba a la prensa al margen de una sesión plenaria del Consejo Superior de la Judicatura del Ministerio Público (CSMMP), el inicio del proceso contra Isabel dos Santos ya concluyó y la acusación ya está en vigor.
Antes de acudir a los tribunales, explicó, la PGR notificó a los imputados, enviando una carta rogatoria a las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, cuya respuesta, positiva o negativa, deberán recibir en cualquier momento.
“Estamos logrando responder bien a los procesos que teníamos entre manos, pero la inspección penal no siempre es fácil, sobre todo cuando depende de terceros”, destacó.
El primero de los tres procesos iniciados por la PGR contra Isabel dos Santos es una medida cautelar de arresto, decretada el 23 de diciembre de 2019, por la Corte Provincial de Luanda.
El segundo está relacionado con la gestión de Sonangol, mientras que el tercero tiene que ver con una medida cautelar civil.
Respecto al caso contra el exvicepresidente de la República, Manuel Vicente, afirmó que la PGR trabaja en las actas para su constitución, destacando que las inmunidades ya fueron levantadas, pues venció el plazo que otorga la ley.
“Así que ahora trabajamos en ellos y veremos en cuánto tiempo podemos completarlo”, enfatizó.
En la ocasión, Hélder Pitta Grós también aclaró la marcha del proceso que involucra al general Manuel Viera Dias “Kopelipa”, señalando que la fase contraria ya concluyó y solo se encuentra a espera de sentencia.
Respecto al caso del empresario luso-angoleño São Vicente, dijo que la PGR está preocupada por la ejecución de la sentencia, contra la cual no se interpuso recurso de apelación, para que el Estado angoleño pueda recuperar las cantidades depositadas fuera del país, en el orden de dos mil millones de dólares.
En relación al pleno del Consejo Superior de la Judicatura, informó que hay 770 magistrados interventores a la espera de ser juramentados, para cubrir la insuficiencia y responder a la necesidad que ha surgido en el sector.
Desde esa perspectiva, Hélder Pitta Gróz defendió el refuerzo de los servicios de inspección, con el fin de hacerlos más fuertes y con profesionales capacitados.
También habló de la necesidad de crear condiciones laborales para los recursos humanos en los lugares donde serán ubicados. FMA/ART/EP
