La presidenta del 8va Comisión de la Asamblea Nacional, Clarice Mukinda, defendió este viernes, en Luanda, la inclusión de las familias que tienen hijos con discapacidad en el programa de transferencias monetarias sociales (Kwenda).
Habló con la prensa al final de una reunión que el comité parlamentario, que trata los temas de Familia, Infancia y Acción Social, mantuvo con la jefa de políticas sociales del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Angola, Loise Moreira Daniels.
Para ella, el marco de elegibilidad para las personas con acceso a estas transferencias sociales de dinero también debería incluir familias con niños menores de cinco años con discapacidades.
La diputada Clarice Mukinda consideró a UNICEF como un socio de la AN con quien ha tenido varias reuniones técnicas para analizar mejor las cuestiones que afectan a las personas con discapacidad en Angola.
Dijo que en los últimos días, muchas personas han estado recibiendo en la "Casa de las Leyes" quejándose de sus derechos.
Según la diputada, en términos de legislación al respecto, el país no está tan mal y el problema reside en su aplicación.
Por su parte, la jefa de políticas sociales de UNICEF en Angola anunció que 656 mil niños en Angola viven con discapacidad.
Explicó que los datos que posee este organismo internacional son del censo de 2014, que mostró una prevalencia del 2,5 por ciento de niños con discapacidad en el país.
Pidió la participación de la población en el sentido de 2024, que comienza en julio.
Según el funcionario de UNICEF, el censo de 2024 contiene un cuestionario sobre niños con discapacidad.
Creado en 2020, Kwenda es un programa ejecutivo angoleño que tiene como objetivo apoyar a las familias más vulnerables.
Operacionalizado por el Fondo de Apoyo Social, el proyecto cubre cuatro componentes, a saber, las Transferencias Monetarias Sociales, la Inclusión Productiva, la Municipalización de la Acción Social y el Fortalecimiento del Registro Social Único.
Está valorado en 420 millones de dólares estadounidenses y está financiado por el Banco Mundial con USD 320 millones. Los otros 100 millones son del Tesoro Nacional.
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