Luanda - En los últimos tiempos se ha visto en todo el mundo un notable crecimiento del movimiento de protesta contra la llamada violencia de Estado, encarnada en la 'brutalidad policial', en su forma más visible, durante las manifestaciones.
Por Frederico Issuzo, periodista de la ANGOP
Desde hace algún tiempo, los activistas de derechos humanos han lanzado iniciativas en varios países, incluido Angola, que van desde campañas de sensibilización hasta intervenciones o interpelaciones contra la represión de las manifestaciones callejeras.
En concreto, piden que se ponga fin al uso por parte de los Estados de “fuerza excesiva, desproporcionada y letal” contra sus ciudadanos en el ejercicio de la libertad de expresión y reunión.
Peticiones de esta naturaleza ya han sido enviadas a países como Francia y Estados Unidos, principales referentes democráticos en el mundo, y, más recientemente, a naciones africanas como Senegal, Kenia, Angola, entre otras.
En el caso de Angola, tales interpelaciones son encabezadas por Amnistía Internacional Portugal (AIP), desde Lisboa, y la última petición data del 11 de este mes.
En sus reacciones, los estados atacados se han quejado invariablemente de lo que ven como el “enfoque reduccionista” de los activistas de derechos humanos, que hacen la vista gorda ante la paradoja de la naturaleza extremadamente violenta de las “manifestaciones pacíficas”.
Los mismos Estados advierten que, al hacer una "pizarra en blanco" a los contornos violentos de algunas manifestaciones, desconociendo los impactos económicos de los daños resultantes, tales iniciativas también fomentan el uso de las protestas callejeras como pretexto para las habituales prácticas delictivas que terminan en los tribunales
Denuncian el comportamiento de los manifestantes que, en algunos casos, son los primeros en atacar a las fuerzas del orden y otros actores, incluidos los periodistas, apoyando así el cuestionado uso excesivo de la fuerza policial.
De acuerdo con esta narrativa, hay manifestantes que abusan de su derecho a manifestarse, para dañar o sacrificar los derechos de los demás, incluido su propio derecho a la vida y el derecho a la propiedad, lo que resulta en la muerte de personas inocentes y la destrucción o saqueo de espacios públicos. y propiedad privada.
Por tanto, se cuestiona la honestidad intelectual de quienes celebran tragedias o episodios como actos heroicos en los que, con el pretexto de honrar una vida o exigir un derecho, se atacan otras vidas y se destruye deliberadamente todo un patrimonio colectivo o colectivo particular.
También se cuestiona si se puede hablar de una “manifestación pacífica”, cuando sus protagonistas incendian bienes muebles e inmuebles, destruyen escuelas, saquean tiendas, asaltan bancos y orquestan planes de asesinato contra figuras administrativas o de otro tipo.
Si por un lado se niega que se justifique el exceso de fuerza policial, se entiende, por otro lado, que el derecho a la libertad de expresión y reunión no autoriza el vandalismo de la propiedad pública y privada, el proyecto de ley final que recae sobre los hombros de los contribuyentes a la hora de reparar los daños causados por los manifestantes.
A esto se suma el hecho de que tales facturas, casi siempre millonarias, cubren daños que se causan innecesaria e ilícitamente en el ámbito jurídico, incluso a personas sin vínculo directo o indirecto con el Estado.
En otro aspecto, también se establecen analogías con casos de auténtica justicia privada o por propia mano, a modo de venganza, cuando se sabe, como en París, por ejemplo, que el policía que disparó en el origen de la manifestación ya estaba competentemente detenido.
En la antítesis de este argumento, sin embargo, se encuentran las más variadas teorías conspirativas que favorecen el beneficio de la duda por la tesis de la infiltración de las manifestaciones por parte de los propios Estados con agentes deliberadamente preparados para provocar disturbios.
Para algunos analistas, la opción entre pura y simplemente admitir o refutar tal eventualidad también tiene sus riesgos, a juzgar por la dificultad de vislumbrar las posibles ganancias que tales Estados obtendrían con tal irresponsabilidad, que termina por sobrecargar sus arcas.
Pero, en la percepción de sus partidarios, la tesis de la conspiración se basa en el temor generalizado de que los Estados tendrían que ver desafiada su autoridad en la calle, con el riesgo de degenerar en una amenaza real al poder palaciego.
Es, además, una hipótesis que tiende a ser remota, al menos en las sociedades avanzadas, ya que las críticas a los activistas de derechos humanos no se limitan a países sin una tradición democrática consolidada, sino también, sobre todo, a las grandes democracias.
