Luanda - La vicepresidenta del MPLA, Luísa Damião, hizo un llamado este martes, en Luanda, a los angoleños a seguir conductas legales, sobre todo para dejar de destrozar los bienes públicos del país, patrimonio común de todos los ciudadanos.
El llamamiento fue hecho a la prensa al final del mensaje sobre el estado de la Nación, pronunciado por el Presidente de la República, João Lourenço, en la apertura de la III sesión legislativa de la V Legislatura.
Según Luísa Damião, la Ley Contra los Delitos de Vandalismo de Bienes Públicos, aprobada en la última sesión legislativa, ayudará a minimizar este problema que preocupa mucho al Estado angoleño y obstaculiza el desarrollo del país.
“Aprobamos una ley para atender esta situación, porque si somos un país que va hacia el desarrollo, no somos nosotros quienes debemos destruir lo que se está construyendo”, afirmó.
Para la líder del partido, es necesario que los ciudadanos adopten un comportamiento pacífico para fomentar el desarrollo sostenible.
“Angola es un país de paz, que logró construir esta paz, la viene consolidando y es la paz la que nos lleva por el camino del desarrollo. Creo que todos los angoleños deben abrazar esta paz que costó la sangre y el sacrificio de muchos niños angoleños y todos debemos seguir consolidándola", afirmó.
Luísa Damião afirmó que el Ejecutivo, liderado por el Presidente João Lourenço, sigue centrado en responder a los deseos y aspiraciones de los angoleños de tener un país que enorgullezca a Angola y a los angoleños.
Ley contra vandalismo de bienes públicos
Según la Ley, quien destruya una infraestructura pública náutica, ferroviaria o vial, barco, automóvil o tren, o ponga en riesgo la seguridad de uno de estos medios de transporte, será castigado con pena de prisión de 20 a 25 años. transporte público.
El que tenga la intención de apropiarse, sustraer para sí o para otros, bienes muebles públicos o destinados a los servicios de telecomunicaciones, comunicaciones, electricidad, agua y saneamiento, será reprimido con pena de prisión de tres a siete años, si el valor del daño es pequeño. ; de siete a diez años, si es elevado, de diez a quince años, si el valor del daño es considerablemente elevado.
La Ley también castiga con pena de prisión de tres a 15 años a quien, con la intención de apropiarse, sustraer para sí o para terceros, bienes muebles públicos o destinados a servicios públicos. El que destruya una infraestructura electrónica, de comunicaciones, eléctrica, hídrica o sanitaria será sancionado con pena de 15 a 20 años.
El diploma, aprobado por la Asamblea Nacional el 19 de junio, promulgado por el Presidente de la República y publicado en el Diário da República el 29 de agosto, tiene como objetivo castigar los diferentes actos de vandalismo de bienes y servicios públicos que han causó altas pérdidas al Estado, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la inversión pública realizada para satisfacer necesidades colectivas.
El régimen jurídico, aclara el diploma, está dirigido a combatir distintos actos que resultan en vandalismo de bienes y servicios públicos, estableciendo consecuencias jurídico-penales que disuadan suficientemente la práctica de esos actos.
La ley define vandalismo como cualquier acción que tenga como resultado la sustracción, daño o destrucción voluntaria e ilícita de bienes públicos, así como la obstrucción o interrupción deliberada del funcionamiento de los servicios públicos.
La Ley se aplica a actos contra la seguridad o integridad de bienes y servicios públicos o que afecten la prestación de servicios públicos, a las personas naturales o jurídicas que cometan los delitos previstos y sancionados en el diploma. MEL/VIC/KS
