Luanda - La destrucción de infraestructuras de transporte (carreteras, ferrocarriles y vías acuáticas) podría ser punida con penas de entre 20 y 25 años de prisión, en virtud de la propuesta de ley del Ejecutivo sobre delitos de vandalismo contra bienes y servicios públicos.
Las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron este lunes en Luanda el informe conjunto de opinión sobre el proyecto de ley en cuestión, que va a votación general en la reunión plenaria del órgano legislativo prevista para el 19 de este mes.
El Proyecto de Ley define sanciones específicas para diferentes tipos de delitos de vandalismo contra bienes y servicios públicos, con el objetivo de proteger la inversión pública y la sostenibilidad de los servicios.
La ley establece que la destrucción de bienes públicos o la perturbación de un servicio público se castiga con penas de prisión de 5 a 10 años.
Promover actos vandálicos se castiga con penas de 10 a 15 años de cárcel, y si se trata de infraestructuras de transporte la pena se eleva de 20 a 25 años.
Por otro lado, atentar contra la seguridad de bienes y servicios públicos, como divulgar información de seguridad o amenazar con destruir bienes públicos, el documento sugiere penas de prisión de 3 a 8 años, y la pena se incrementa en un tercio si existe peligro real para la vida o la integridad física.
El proyecto también prevé penas para la transformación y exportación ilegal de bienes públicos (10 a 15 años) y para la recepción de bienes públicos (06 a 12 años), y las penas pueden aumentar si los delitos son cometidos por cargos políticos, en asociación criminal, con violencia o trabajo esclavo.
Según la justificación, el vandalismo de bienes y servicios públicos viene aumentando exponencialmente, tornándose un comportamiento frecuente con daños sociales, económicos y financieros inestimables, que afecta las cadenas de energía, agua, gas, combustible y transporte público.
El Proyecto de Ley responde a la necesidad de adoptar un marco jurídico especializado para combatir el vandalismo de bienes y servicios públicos, teniendo en cuenta el impacto decisivo de tales fenómenos sociales en la preservación de la economía nacional y el desarrollo sostenible.
En este sentido, el diputado João Guerra, relator del documento, defiende fuertes sanciones para las personas que vandalicen bienes y servicios públicos.
«Vandalizar, por ejemplo, de 500 a mil mililitros, la única forma de solucionar esto es criminalizarlo, es decir, tomar medidas serias contra los que hacen esto», dijo.
El diputado defendió mejor divulgación de la ley por parte de los órganos competentes, una vez aprobada y publicada en el Diario de la República.
Afirmó que es necesario movilizar ampliamente a la sociedad, subrayando que «debemos estar atentos a lo que más conviene a todos».
Igualmente, el diputado Lázaro Cacunha, del grupo parlamentario de UNITA, señaló que, en general, condenar el vandalismo de bienes y servicios públicos tiene todo sentido. DC/VIC/AK/EP
