Luanda – El Consejo de Ministros apreció este lunes, para envio a la Asambleia Nacional, tres propuestas de ley, destacando el crimes de vandalización de bienes y servicios públicos.
Apreciado durante la reunión orientada al Presidente de la República, João Lourenço, el proyecto de Ley de bienes y servicios públicos sobre delitos de vandalismo es un grado que constituye en un marco jurídico especializado de lucha contra el vandalismo de bienes y servicios públicos, optimizando el tratamiento normativo existente y adaptando el régimen de vigor a la evolución de las necesidades de prevención y represión de este tipo de delitos.
Según la declaración final de la reunión, el Ejecutivo considera que los actos de vandalismo contra bienes y servicios públicos, que han causado grandes pérdidas al Estado angoleño.
Se refiere a que ponen en peligro la sostenibilidad de la inversión pública realizada a satisfacción de las necesidades colectivas, que deben tipificarse como delito, ya que tienen un efecto decisivo en la preservación de la economía nacional y el desarrollo sostenible.
En relación con el tema, el Ministro de Estado y Jefe de la Cámara Civil del Presidente de la República, Adão de Almeida, dijo que la ley propuesta tenía por objeto introducir una nueva perspectiva en el proceso de predecir los delitos y las sanciones contra los principales delincuentes.
Explicó que tiene una novedad en el enfoque del circuito en todo el proceso de la práctica del delito, que proviene del agente que practica y abarca a todos los que instigan, financian y patrocinan esas acciones.
Quienes compren, confirmen, bienes públicos como resultado de la práctica del delito de vandalismo y destrucción del patrimonio público serán igualmente sancionados.
Como pena accesoria, en los casos en que puedan haber participado nacionales extranjeros, se espera que, más allá de la medida de la pena privada de libertad, también se aplique la pena de expulsión del territorio nacional, tras el cumplimiento de la pena de prisión.
Sobre las plumas, destacó que variaban en función de la naturaleza, la gravedad del delito y la calidad del agente, lo que ejemplifica que la destrucción del patrimonio público se prevé penas de prisión de cinco a 10 años.
En cuanto a los delitos, dijo, como daño al bien público, de un valor diminutivo, elevado o considerablemente elevado, que las plumas van de tres a 15 años de prisión.
Incluso hoy, el CM apreció la Ley sobre el Plan Especial de fabricación y consumo de bebidas alcohólicas, que establece el régimen especial de fabricación y consumo de bebidas alcohólicas en el perímetro de los hospitales, las instituciones militares, policiales y docentes, ya que el consumo excesivo de esas bebidas tiene consecuencias para la salud, causa de ejercicio profesional e injerencia en el aprendizaje escolar y la capacidad intelectual en general.
Según la declaración, con la aprobación de este título, el Ejecutivo se propone regularmente la actividad comercial de bebidas alcohólicas, compassionándola con los objetivos del Estado de garantizar la seguridad pública y la protección de los jóvenes.
También se apreció el diploma que da lugar a un cambio puntual de la Ley de lucha contra el dopaje en los deportes, a fin de adaptarlo a las exigencias de las entidades internacionales reguladoras en materia de causa, evitando así la aplicación de sanciones a los atletas nacionales en las competiciones internacionales y la pérdida de oportunidades para organizar eventos deportivos internacionales de carácter. PA/VIC/KS
