Luanda - El Tribunal de Distrito de Luanda decidió este viernes suspender sine die el juicio del “caso Lussaty”, relacionado con la malversación de grandes sumas de dinero.
Según el juez de la causa, Andrade da Silva, la postergación del juicio se debe a la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor, Picasso Andrade, a la acusación, el 25 de marzo de este año.
Agregó que el abogado dice desconocer las razones por las que, hasta el momento, el tribunal no se ha pronunciado al respecto, a pesar de que, en junio, presentó una denuncia sobre la retención de la tramitación de este recurso.
Explica que, ante la interposición de un recurso, se debe suspender el curso normal del proceso, independientemente de la respuesta al mismo.
La ley menciona que esta suspensión debe ser considerada por un tribunal superior, en este caso, por el Tribunal de Apelaciones.
El recurso se refiere a la nulidad del auto de acusación y, en consecuencia, a la nulidad de la detención del imputado, teniendo a su vez la ilegalidad de la detención.
En la misma audiencia, el miércoles pasado (29) fue readmitido el abogado del acusado Joaquim José Amaro, que estuvo en la base del desacuerdo entre el juez de la causa y la defensa.
Para dirimir el desacuerdo, los abogados defensores solicitaron al inicio de la sesión de este viernes una reunión tripartita (Juzgado, Ministerio Público y Defensa) de la que resultaron las decisiones tomadas.
Pedro Lussaty y los otros 48 procesados están acusados de cometer 13 delitos, entre ellos peculado, asociación delictuosa continuada, percepción indebida de ventajas, abuso de poder y participación económica en negocios.
El principal imputado, vinculado a la Casa de Seguridad del Presidente de la República de Angola, Mayor Pedro Lussaty, está detenido desde junio del año pasado como parte de la "Operación Cangrejo", tras ser hallado en posesión de millones de dólares, euros y kwanzas ., almacenados en maletas, cajones y vehículos.
Según investigaciones realizadas por las autoridades competentes, la operación financiera, encabezada por Pedro Lussaty, se montó en el período comprendido entre 2011 y 2017.
Durante este período, el esquema se realizó requisando valores por gastos de personal y pagos por bienes y servicios, con base en la elaboración de un plan de pago que fue presentado al Ministerio de Finanzas.
Luego de su aprobación, los montos fueron retirados en efectivo en el Banco de Ahorro y Crédito (BPC) y transportados en camiones para luego ser depositados en la tesorería central de la Unidad de Guardia Presidencial (UGP).
