Luanda – El Presidente de la República, João Lourenço, afirmó este martes, en Luanda, que el proceso relacionado con la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) sigue sus trámites legales junto de la Procuraduría General de la República (PGR).
Según el Jefe de Estado, que hablaba en la apertura de la reunión del Consejo de Ministros, al Estado compete la misión de encontrar una salida en la búsqueda de la verdad de los hechos, para no se cometer injusticia (…).
“En 2020, en la secuencia de denuncias de fieles y de la investigación por parte de los servicios competentes y ante la presunción de cometimiento de crímenes graves por algunos líderes y pastores, asistimos al cierre de templos de una de las iglesias reconocidas, que tienen presencia en prácticamente todo el territorio nacional”, aclaró João Lourenço.
Contornos de la crisis
La crisis en la IURD en Angola resulta de profundas divergencias entre pastores y obispos angoleños y brasileños sobre la gestión de esa institución religiosa, con quejas de humillaciones, injusticias y discriminación denunciadas por la parte angoleña.
Iniciada el 28 de Noviembre de 2019, con la divulgación de un manifiesto crítico a la dirección de la Iglesia en Brasil, la crisis se agudizó en Junio de 2020, cuando pastores y obispos de ambas partes se envolvieron en un intenso intercambio de acusaciones y agresiones físicas.
Desde la ocurrencia, registrada en diversas provincias del país, la ex-comisión de Gestión asumiera el control de decenas de templos.
En la altura, en que se dio la primera señal de la crisis, 320 pastores y obispos acusaron a los ex-colaboradores brasileños de varias irregularidades y, a partir de ahí, la situación se degeneró en un brazo de hierro por la dirección de la IURD, en Angola.
Denuncias
Según el manifiesto, entre los principales factores del conflito se destaca la exigencia de la práctica de vasectomía a los pastores angoleños y de abortos forzados a sus esposas.
Constan, también, denuncias de alienación de más de mitad del patrimonio de la iglesia, evasión de divisas, blanqueamiento de capitales, así como de racismo.
El manifiesto denuncia, además, la falsificación del acta de elección de los órganos sociales de la IURD, emisión de procuraciones con plenos poderes a los ciudadanos brasileños para ejercer actos reservados a la asamblea general.
Constan, igualmente, entre las acusaciones la prohibición a las esposas de los pastores de tener acceso a formación académica científica y técnica profesional, irregularidades en el pago de la seguridad social e inexistencia de un proyecto formativo para el desarrollo pastoral en teología.
