Dundo - La secretaria de Estado de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía, Ana Celeste Januário, dijo que el Estado angoleño estudia mecanismos para fortalecer la lucha contra las violaciones de los derechos fundamentales de los niños, ante el "aumento clamoroso" de las transgresiones.
En declaraciones a la prensa, al margen de la Conferencia de Comités Locales de Derechos Humanos, destacó que actualmente el enfoque del Ejecutivo, en esta materia, tiene que ver con la prevención, protección y garantías de los derechos fundamentales de mujeres y niños.
“El fuerte incremento de casos de vulneración de derechos de niños y mujeres, nos obliga a trabajar juntos y actuar, donde las familias deben jugar un papel importante, asumiendo sus responsabilidades y evitando graves vulneraciones de derechos fundamentales en estas franjas”, subrayó.
En cuanto a los derechos civiles y políticos, dijo que “ha habido algunas dificultades de interpretación en el ejercicio de los mismos, por parte de algunos fiscales, lo que ha motivado, en algunos casos, por ejemplo, manifestaciones violentas”.
“Tenemos que estudiar la legislación, el derecho está garantizado, pero hay que ver cuáles son las limitaciones jurídicas que no están sólo en Angola, o sea, el propio pacto internacional de derechos civiles y políticos establece las exigencias de esos derechos fundamentales, que se concretan en la no violación de la tranquilidad, el orden público y contra los principios de los derechos humanos”, dijo.
Dijo que para revertir la situación, el Estado fortalecerá la relación entre las instituciones y los ciudadanos, para que las personas se sientan más cómodas para denunciar y recibir respuestas rápidas sobre posibles violaciones a sus derechos.
Las estadísticas muestran que en 2022, Angola registró 286 manifestaciones civiles y políticas, ocho de las cuales fueron catalogadas como violentas.
Tráfico de personas
Sobre la trata de personas en Angola, dio a conocer que en el ámbito del proyecto de asociación conjunta con el sistema de las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Ejecutivo trabaja con los países fronterizos con Angola, para la definición de una política para combatir el fenómeno.
Las acciones del Estado incluyen el fortalecimiento del sistema de protección, rendición de cuentas y denuncia de casos de trata de seres humanos.
Desde 2015, Angola registró 142 casos, de los cuales el 22 por ciento fueron juzgados, cuyos autores fueron responsabilizados penalmente. Las mujeres y los niños son las principales víctimas.
A principios de este año, una niña de la República Democrática del Congo (RDC), víctima de la trata de personas, se reunió con su familia.
El evento, promovido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene como objetivo encontrar mecanismos para prevenir y combatir la trata de personas en el país, especialmente en las fronteras con la República Democrática del Congo (RDC) y las violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Según el programa enviado este lunes a la ANGOP, participarán del evento órganos que intervienen en la administración de justicia, profesionales del MININT, integrantes del Comité Local de Derechos Humanos, técnicos para la identificación y derivación de víctimas de trata de personas.