Luanda - Las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional (AN) tomaron conocimiento, este martes, del informe anual de Actividades de la Procuraduría General de la República (PGR) referente al año 2022.
De conformidad con el numeral 2 del artículo 163 de la Constitución de la República (CRA), corresponde a la Asamblea Nacional recibir el Informe Anual de Actividades de la Procuraduría General de la República con carácter informativo.
El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la AN, António Paulo, aclaró, al respecto, que la Constitución impone límites en relación a la evaluación, valoración que el Parlamento debe hacer sobre los informes anuales de actividad de los órganos de justicia.
También recordó que en el programa de la revisión constitucional de 2021, los informes de actividad de los tribunales superiores no serán enviados a la Asamblea Nacional.
Recomendaciones
Del análisis del funcionamiento de la PGR en el ejercicio 2022 se desprende que, a pesar de las limitaciones provocadas por la insuficiencia, traducida en la falta de cumplimiento total o parcial de las necesidades del organismo, hubo un desempeño positivo del trabajo realizado por el órgano.
Según la diputada relatora, Yolanda de Sousa, el capital humano de la PGR, ya sea de magistrados del Ministerio Público, técnicos de justicia, empleados y personal administrativo, es insuficiente para atender la demanda laboral, debido al alto número de casos registrados durante el año, además de los prorrogados a 2023.
Se constató que la falta de instalaciones autónomas para albergar la sede de la PGR ha dificultado los servicios, así como la orientación y seguimiento permanente, ya que la dispersión territorial de los órganos centrales dificulta la coordinación de todas las actividades.
Asimismo, el informe destaca la falta de medios y equipos para coadyuvar en la investigación e instrucción procesal, lo que se ha reflejado en la lentitud procesal y la calidad de los actos procesales.
Es claro que la lentitud de las leyes de la Procuraduría General de la República y del Consejo Superior de la Judicatura del Ministerio Público ha retrasado el proceso de modernización y mejoramiento funcional de la institución, aunado a la falta de medios de transporte para distribuir a todos los magistrados de la República del sector.
La PGR es un organismo que representa al Estado en el ejercicio de la acción penal, en la defensa de los derechos de las personas naturales o jurídicas, en la defensa de la legalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional y en la vigilancia de la legalidad en la fase de investigación preparatoria de los procesos y en lo que respecta a la ejecución de las sentencias.
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