Luanda - El proyecto de Ley sobre el Cofre General del Tribunal pasó, este jueves, por el “screening” de los diputados angoleños de la especialidad, que fue aprobado con 31 votos a favor, 21 abstenciones y cero en contra.
La iniciativa legislativa del Presidente de la República tiene como objetivo institucionalizar la Sala General de Tribunales y aprobar su régimen de organización y funcionamiento, desde la naturaleza jurídica, forma y cuantía de los ingresos, así como la estructura de los respectivos servicios.
El instrumento también pretende solidificar la autonomía financiera de los tribunales de jurisdicción común y del Ministerio Público, así como realizar una gestión parsimoniosa de sus propios ingresos y asegurar la mejora de las condiciones de trabajo.
Por otra parte, los parlamentarios también aprobaron el Informe de Opinión Conjunta del proyecto de ley que modifica la Ley N° 14-A/96 de mayo, Ley General de Electricidad, con 24 votos a favor, 15 abstenciones y cero en contra.
La iniciativa legislativa viene dictada por la necesidad de adaptar la actividad de transmisión de energía eléctrica al régimen de reserva relativa del Estado, a fin de permitir su ejercicio en régimen de concesión de servicio público por personas jurídicas de derecho privado.
Según la relatora, diputada Eva Costa, el transporte de energía eléctrica constituye aún uno de los mayores desafíos del país, y la participación del sector privado en el campo de actividad se considera esencial y oportuna.
En este contexto, agrega, también hay que tener en cuenta la necesidad de mayores inversiones, su rápido crecimiento, la ampliación del flujo de energía eléctrica y de las capacidades de distribución en el contexto de la electrificación total del país, que ronda el 44%, y la interconexión con países vecinos, como la República Democrática del Congo, Namibia y Zambia, en el marco del comercio internacional de electricidad.
Durante las sesiones también se consideraron propuestas de Ley de la Defensoría del Pueblo, así como de Ley de Designación y Ejecución de Actos Jurídicos Internacionales.
En cuanto a la Ley de la Defensoría del Pueblo, iniciada por el Presidente de la República, aprobada con 26 votos a favor, ninguno en contra y ocho (8) abstenciones, se pretende conformar el marco orgánico y funcional, ante la necesidad de adecuarse a lo dispuesto por la la Constitución de la República.
También se pretende introducir cambios relativos a la redefinición de los servicios de apoyo al Defensor del Pueblo, proponiendo la creación de nuevas oficinas, direcciones y régimen retributivo propio, de forma subsidiaria al régimen de servicio público y entidades de carácter procesal y de inspección.
La Ley de Designación y Ejecución de Actos Jurídicos Internacionales tiene como objetivo superar las insuficiencias identificadas a nivel del informe de evaluación mutua de la conformidad del Sistema Nacional de Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
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