Luanda - La Asamblea Nacional aprobó, este jueves, en la especialidad, la Propuesta de Ley de la Actividad de Juegos, con 169, ninguno contra y dos abstenciones, durante la séptima sesión plenaria ordinaria.
La ley resulta de un estudio comparado estructural en el ámbito del Programa del Ejecutivo, con vista al aseguramiento de mayor eficacia y estabilidad en el sector de los juegos, en particular en lo que respecta al refuerzo del encuadramiento legal de la regulación y supervisión de los operadores económicos que intervienen en este sector.
Por eso, el diploma introducción de alteraciones sustanciales al régimen jurídico actual con realce para la desagregación de la concesión de las apuestas deportivas de las loterías, la definición de los principios generales y orientadores de la actividad de juegos, introduce medidas de adecuación del capital social y fondos propios de las entidades explotadoras de la actividad juego.
El documento define los requisitos generales y definición del capital social mínimo y de los fondos propios, la idoneidad y tenencia de participaciones cualificadas, el acceso al juego mediante concurso como norma, renunciando a la exigencia de un objeto exclusivo para la exploración de la actividad de juego en este escenario.
Permite concesiones para la explotación de Juegos de Fortuna o Azar y Juegos Sociales, régimen de Licencias para Juegos en Línea, constitución y Registro de empresas, publicidad de juegos, así como tipificar un régimen fiscal y sancionador.
Según el razonamiento, esta reformulación pretende establecer un régimen jurídico del juego más adecuado para regular y controlar la actividad, salvaguardando la defensa de los derechos establecidos y las expectativas legítimas de los operadores y jugadores del juego.
Las premisas para regular y supervisar la actividad se basan esencialmente en la estabilidad de la actividad, reforzando la concesión como criterio de acceso, dado que en todo el mundo el juego es visto como una actividad reservada al Estado.
Estas premisas se basan también en la protección de la orden pública, los intereses legítimos de los jugadores o apostadores y el refuerzo del nivel de alfabetización en la actividad, así como en la prevención de actividades fraudulentas o delictivas, como el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Con las principales innovaciones, se acentúa la responsabilidad de los concesionarios y entidades licenciadas por la legalidad y regularidad de la explotación y práctica del juego y se mejoran las condiciones para una exploración rentable y responsable. ART/EP
