Luanda - La Asamblea Nacional (AN) se reúne este martes, en Luanda, para discutir, en términos específicos, la propuesta de Ley de Combate a la Actividad Minera Ilegal, tras su aprobación en la generalidad.
Esta aprobación se produjo el 21 de marzo con 90 votos a favor (MPLA y PHA), cero votos en contra y 66 abstenciones (de los grupos parlamentarios UNITA y Mixto PRS-FNLA).
Las comisiones especializadas 1ª, 2ª, 5ª y 10ª de la AN evaluaron hoy el dictamen conjunto del citado documento que aumenta la pena por conductas constitutivas del delito en la actividad minera, sancionable con pena de prisión de uno a seis años (en delitos más graves) y con multa.
El mismo régimen penal se aplica a quien hurte, oculte o transporte cualquier producto mineral fuera de la acción de control y supervisión de las autoridades competentes.
El documento reforzará la criminalización de la lucha contra la actividad minera ilegal y establecerá marcos penales que permitan la protección efectiva de los bienes jurídicos.
El diploma busca desalentar y criminalizar conductas que se deriven de la explotación ilícita de recursos minerales que generen impactos nocivos sobre el medio ambiente, la vida humana, la salud pública, la subsistencia de las comunidades, la economía y el consecuente desarrollo.
El documento pretende introducir un régimen jurídico específico para combatir la actividad minera ilegal que establezca sanciones adecuadas a la gravedad de la conducta tipificada y sus resultados, así como definir procedimientos rápidos para la pérdida y apropiación a favor del Estado de los instrumentos y productos del delito.
El documento afirma que una evaluación de los últimos seis años llevó a la conclusión de que la continuación de la actividad minera ilegal provoca riesgos y pérdidas incalculables, teniendo en cuenta los materiales y equipos utilizados, los efectos sobre la economía, los daños al medio ambiente, sociedad y defensa y seguridad nacional.
Se estima que en el país hay más de un millón de mineros, muchos de ellos de nacionalidad extranjera y 296 grandes dragas son ilegales.
Los tipos legales de delitos mineros actualmente vigentes no cubren satisfactoriamente todos los fenómenos que constituyen la actividad minera ilegal, lo que justifica la creación de un régimen jurídico específico.
Según el secretario de Estado de Recursos Naturales, Jânio Victor, el Ejecutivo quiere desalentar estas prácticas, por ser perjudiciales para el país.
El Proyecto de Ley para Combatir la Actividad Minera Ilegal tiene una parte preambular y una parte dispositiva, sistematizadas en cuatro capítulos, dos fracciones y 22 artículos. FMA/SC/ADR/EP