La Habana - El Parlamento cubano aprobó el domingo, en sesión extraordinaria, el nuevo Código Penal del país, que prevé sanciones de hasta tres años para quien comete agresiones verbales contra altos funcionarios públicos y prohíbe el financiamiento externo de los medios de comunicación.
Los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP) aprobaron el proyecto en una sesión en la cual estuvo presente el presidente cubano, Miguel-Díaz Canel.
Sus impulsores califican de "garantía" el nuevo Código, que actualiza el anterior, que data de 1987, y no cubría los delitos medioambientales, los ciber-delitos ni la violencia de género.
Originalmente el proyecto debería haber sido votado en abril, en la ANPP, pero su paso por la legislatura terminó postergándose.
El nuevo código, que entrará en vigor en un plazo de 90 días, cuando se publique en el Diario Oficial de la República, incluye 37 nuevos delitos, como el "desorden público", para sancionar "alteraciones de esta naturaleza producidas en grupo o individualmente". .
El presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, al presentar el proyecto de nuevo código al pleno parlamentario, dijo que refuerza la severidad de las sanciones relacionadas con la corrupción, y agregó que establece la cadena perpetua como pena máxima, y mantiene la posibilidad de aplicar excepcionalmente la pena de muerte en el caso de 23 delitos.
También prevé penas de hasta diez años de prisión para quien "apoye, aliente, financie, proporcione, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros" de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser utilizados para “pagar por actividades contra el Estado y su orden constitucional”, en Cuba.
El nuevo código penal no tuvo tanta repercusión en los medios oficiales como el Código de Familia, reforma que también tramita la ANPP, luego de tres meses de consulta popular, donde se explicó el contenido de este texto.
A diferencia del Código de Familia, el Código Penal no será sometido a referéndum.
