Luanda - La reestructuración del sistema judicial en Angola recibió, en 2024, un nuevo impulso con la reorganización de la Comisión para la Reforma de la Justicia y del Derecho (CRJD), para asegurar una "acción articulada" entre las diversas entidades públicas involucradas.

Por Víctor Manuel, periodista de la ANGOP

A diferencia del formato anterior, la CRJD actual es coordinada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos e incluye subcoordinadores de reformas de los sectores Judicial, Registral y Notarial, Penal, Civil, Comercial, Administrativo y Varios.

También están incluidos representantes del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo Militar, del Tribunal de Cuentas, de la Casa Civil del Presidente de la República, del Ministerio Público, del Ministerio de Finanzas y del Colegio de Abogados de Angola (OAA). .

Anteriormente, la CRJD estaba coordinada por tres profesores titulares de la Universidad Agostinho Neto, a saber, Raúl Araújo, Carlos Feijó y Virgílio de Fontes Pereira, e incluía a varios representantes de los tribunales Constitucional, Supremo y de Cuentas.

En la CRJD también estuvieron representadas la Casa Civil del Presidente de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) y la OAA.

El decreto presidencial que reorganiza la CRJD defiende el imperativo de la conclusión de los diplomados jurídicos iniciados por las anteriores comisiones de reforma, así como la continuidad de la ejecución de las políticas públicas vinculadas al sector Justicia, con énfasis en el proceso de implementación de la nueva Organización Judicial Sistema.

A la CRJD le corresponde coordinar la estrategia nacional en la materia, en el marco de la reforma del Estado, proponiendo el plan de actividades y el calendario de implementación de sus acciones e iniciativas para su mandato.

También debe monitorear el proceso de implementación de la nueva organización judicial, asegurando y facilitando la coordinación de los diversos programas sectoriales vinculados a la reforma.

Continuar el proceso de elaboración de diplomas jurídicos, monitorear el proceso de implementación del modelo tecnológico en los tribunales de jurisdicción común y velar por su armonización con la organización judicial y las reformas procesales son otras responsabilidades.

Corresponde también a la CRJD monitorear y proponer cambios relevantes para la implementación del modelo de capacitación y mejora continua de los operadores judiciales, así como desarrollar acciones para asegurar su armonización, como parte de la organización del Estado y de la administración. de justicia, en particular.

Se reúne, ordinariamente, cada 15 días y extraordinariamente, siempre que lo convoque el coordinador, y debe presentar informes trimestrales y el informe final sobre las actividades realizadas al Jefe del Estado.

Tiene un plazo de vigencia de 36 meses, pudiendo prorrogarse este plazo, previa solicitud motivada del coordinador, y finalizar con la entrega, previa aprobación por el Jefe del Estado, del informe final.

Desafíos 

En Angola, el sector de Justicia continúa luchando por la creación de condiciones para aumentar la disponibilidad de los servicios, mejorar la calidad del servicio y la mencionada reforma.

VgEn este contexto, la atención se centra en la modernización de los servicios, esencialmente mejorando la inscripción de nacimientos y la atribución de cédulas de identidad, así como otras tareas relacionadas, incluida la desmaterialización de los procesos legales.

En 2023, según las autoridades, se expidieron más de tres millones 900 mil cédulas de identidad, cifra considerada insuficiente, teniendo en cuenta la gran cantidad de ciudadanos sin este documento.

Se están preparando acciones para acometer una serie de reformas en este servicio, entre ellas la desconcentración de su emisión y una prestación del servicio más cercana a los ciudadanos, para agilizar el proceso y ofrecer un mejor trabajo a los usuarios.

Se abrieron nuevos servicios de justicia en las provincias de Luanda, Benguela y Huambo, así como nuevos puestos de registro en hospitales generales y maternidades, para garantizar el registro de los recién nacidos.

En el exterior, los servicios de justicia ya están disponibles en 18 países, para atender a los ciudadanos nacionales que, por diferentes motivos, han optado por residir en el exterior, y se procura que también estén disponibles en otras misiones diplomáticas y consulares.

Autonomía de los tribunales 

Para consolidar la autonomía financiera de los tribunales del fuero común y de la PGR, se trabaja en la Ley de Cofre de la Corte General (CGT), recientemente aprobada en carácter general, con 158 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención.

En concreto, el objetivo de esta ley es consagrar normas que permitan una gestión cada vez más económica de los ingresos recaudados, para garantizar la mejora de las condiciones laborales en las instituciones.

La CGT se presenta, por tanto, como un instrumento importante para afirmar la autonomía administrativa de los tribunales, en el marco del principio de unidad presupuestaria.

La aprobación de su discusión coincide con la fase de ampliación de la cobertura judicial en todo el territorio nacional, así como con la construcción e inauguración de nuevos juzgados de distrito y la admisión o ascenso de más jueces y fiscales.

Muy recientemente, por ejemplo, se abrieron tres nuevos juzgados de distrito en Viana (Luanda), Quilengues (Huíla) y Camacupa (Bié).

Después de la entrada en funcionamiento de los Tribunales de Apelación de Luanda, Benguela y Lubango, se espera que también se establezcan los Tribunales de Apelación de Uíge y Saurimo, contribuyendo aún más a la reducción de las cuestiones pendientes y a la celeridad procesal.

Además de jueces y fiscales, se han contratado periódicamente nuevos empleados judiciales, con el objetivo de minimizar las dificultades experimentadas anteriormente en la gestión de los procesos judiciales.

El Ejecutivo está comprometido a consolidar esta trayectoria, para que la Justicia esté en condiciones de servir mejor al país, y también es necesario mejorar la coordinación institucional entre los distintos sectores, con miras a reducir los casos de prisión preventiva excesiva.

También se discute el nuevo Estatuto de los Magistrados Judiciales y del Ministerio Público, así como el nuevo Estatuto de Remuneraciones, en línea con el esfuerzo permanente por mejorar las condiciones laborales.

Mientras tanto, el Ejecutivo promete seguir prestando atención a la Reforma de la Justicia y del Derecho, mediante la implementación de medidas legislativas, refuerzo de personal y mejora de infraestructuras y condiciones laborales.

VIC/IZ/KS