Luanda – Los Estados miembros de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), incluyendo Angola, pierden cerca de 23,5 mil millones de dólares norteamericanos (1 Dólar vale 828 kwanzas) por año, debido a la práctica de pesca ilegal, no declarada y sin reglamentación.
Según el Centro Regional de Coordinación de Monitoreo, Control y Fiscalización de la Pesca de la SADC, a pesar de la constatación de esos valores, los reales prejuicios económicos de la pesca de esos aún son difíciles de estimar.
Ante este escenario, Angola, a través del Ministerio de Pesca y Recursos Marinos, está atenta e involucrada en el esfuerzo de combatir este mal, utilizando nuevas tecnologías del Centro de Monitoreo de la Región Sur.
En este sentido, el día 20 de este mes, Angola, en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos de América, acogió la reunión inicial del proyecto SADC Atlántico, que tuvo como objetivo mejorar la calidad de la visualización de los delincuentes.
En la ocasión, la ministra de Pesca y Recursos Marinos, Carmen dos Santos, reafirmó el compromiso del Ejecutivo angoleño con el mantenimiento de la gestión sostenible de los océanos, reforzando la lucha contra la pesca ilegal.
Según el gobernador, utilizando las nuevas tecnologías del Centro Regional será posible entender específicamente dónde se está cometiendo el delito, en tiempo real.
Mientras tanto, el Centro Regional afirma que los operadores ilegales están estimulados por el dinero, y los principales puntos de concentración de sus operaciones son los océanos Índico y Atlántico, que limitan con el sur de África.
También considera graves los efectos de la pesca ilegal, particularmente para los Estados ribereños que enfrentan varios desafíos de desarrollo, además de acelerar la explotación excesiva de los recursos pesqueros naturales.
Además, la actividad pesquera ilegal a gran escala suele ser sistemática, organizada y transaccional, y está asociada a otras acciones delictivas, como la evasión fiscal, el lavado de dinero, el narcotráfico, el tráfico de personas, entre otros delitos.
Para detener esta práctica, la institución de la SADC pide medidas inmediatas para proteger la salud de los océanos, la biodiversidad y los recursos pesqueros, así como garantizar que la pesca siga proporcionando alimentos y nutrición, medios de vida y beneficios financieros a los ciudadanos de la región. ML/CCB/EP
