Luanda - El Presupuesto General del Estado (PGE) para 2025 persigue la protección de la persona humana, su formación, la reducción de la pobreza y el aumento de los niveles de inclusión social, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
La declaración fue hecha este jueves, en Luanda, por el ministro de Estado de Coordinación Económica, José de Lima Massano, a la prensa después de la entrega formal, a la Asamblea Nacional, de la propuesta del PGE 2025, que contempla alrededor de 34,6 mil millones de kwanzas. para el próximo ejercicio económico.
Asimismo, se refirió a la diversificación de la economía nacional, con particular énfasis en la seguridad alimentaria, así como a la materialización de los grandes proyectos que el Ejecutivo tiene en cartera en materia de infraestructura, buscando, sobre todo, culminar las obras que han ya comenzado.
Según el ministro de Estado, en este presupuesto, que busca contribuir a la estabilidad de precios en la economía y, de forma más transversal, proteger los ingresos, el Ejecutivo mantiene el compromiso de incrementar los salarios de los trabajadores, particularmente en el sector público, con un ajuste de la nómina en general de alrededor del 25 por ciento.
Subrayó que la propuesta del PGE 2025 está diseñado en un escenario de gran incertidumbre que se vive en todas las economías del mundo, independientemente de su tamaño.
En este sentido, José de Lima Massano consideró grandes y relevantes los desafíos y tensiones geopolíticas que se están presentando y, por ende, impactando también las opciones de desarrollo del país.
El PGE es el instrumento programático que fija el monto de ingresos a recaudar y define los límites de gastos a incurrir durante el ejercicio económico, determina las fuentes de financiamiento y establece los criterios para su gestión, con miras a satisfacer las necesidades colectivas. y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.
La Ley Marco del Presupuesto General del Estado establece que la propuesta del PGE debe ser presentada a la Asamblea Nacional antes del 31 de octubre de cada año.
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