Luanda - La propuesta de nueva Ley de la Función Pública, que está siendo analizada este jueves por la Comisión Económica del Consejo de Ministros, prevé eliminar el límite de edad de 35 años para el ingreso en la Administración Pública.
La nueva Ley, que deroga la anterior 17/90, de 20 de Octubre, está siendo analizada este jueves en la 6ª Reunión de la Comisión Económica del Consejo de Ministros, bajo la orientación del Presidente de la República, João Lourenço.
“Vamos a quitar en esta nueva Ley Básica el límite de edad de 35 años, que era un tema muy preocupante, no solo porque teníamos muchos casos de personas a esa edad que daban apoyo y valor agregado en obras muy importantes por su practicidad y experiencia en la Función Pública, pero por el límite de edad, ya no podían incorporarse a la Administración Pública”, dijo la Ministra de Administraciones Públicas, Trabajo y Seguridad Social (MAPTSS), Teresa Dias.
En declaraciones a la prensa, al margen del encuentro, el ministro dijo que el Ejecutivo considera que el límite de 35 años viola los principios consagrados en la Constitución, en cuanto al derecho al trabajo.
La ley aún vigente, considerada obsoleta, dado el contexto actual, será sustituida por la nueva que será discutida en la Asamblea Nacional (AN) en Julio de este año, según la ministra Teresa Dias.
“Con esta nueva ley se pretende poner en valor el capital humano, ante todo, y reforzar los derechos y garantías de los servidores públicos, reuniendo sus bases fundamentales en un solo diploma, evitando diversas dispersiones legislativas”, expresó.
Según la dirigente, la nueva Ley también pretende aclarar y desarrollar cuestiones sobre el funcionalismo público que, hasta entonces, tenían problemas en su aplicación.
En el ámbito de las relaciones jurídico-laborales, el período de prueba también se reduce de cinco años a un año, siendo el período de entrada en la plantilla fija, como en otras geografías.
En cuanto al contrato de trabajo de duración determinada, es decir, un contrato de trabajo fijo, la ley lo amplía a 24 meses, frente a los 12 meses aún vigentes.
Con esta medida, según Teresa Dias, todos los derechos y obligaciones cesan al final de los 24 meses, incluido el derecho al salario.
De esta forma, se pretende eliminar, en la Administración Pública, una acumulación de personas bajo estos contratos de trabajo, para que no permanezcan en ella de 10 a 15 años, obligando al Estado a realizar el encuadre de los mismos.
Aún en el ámbito de la probidad, la nueva ley prorroga la adscripción, por un período no mayor a tres años, prorrogable por una sola vez.
En cuanto a los cargos que sean interinos, la nueva ley, que será discutida, describe que el plazo no puede exceder los 12 meses, luego de lo cual, el personal que sea interino pasa a ocupar el lugar, siempre que cumpla con los requisitos para el mismo.
Otro aspecto importante tiene que ver con la previsión de reducción de las 35 horas semanales de trabajo, además de la introducción del régimen de teletrabajo, debido a la dinámica del Covid-19.
También según la gobernante, se dedicó un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de la nueva ley, para el encuadre de los empleados de planta bajo contrato, siempre que estén incluidos en el Sistema Integrado de Gestión Financiera del Estado (SIGFE).
“Todos los trabajadores que se encuentren bajo contrato de trabajo y estén siendo retribuidos por el SIGFE, con la aprobación de esta ley, tendrán el deber patronal de realizar el marco definitivo en la Función Pública”, adelantó.
También explica que las propuestas de la nueva ley fueron divulgadas y discutidas públicamente, incluso con organizaciones sindicales.
