Luanda - La secretaria de Estado de Presupuesto e Inversión Pública, Aia-Eza da Silva, consideró, el lunes, en Luanda, como insostenible asociar el aumento salarial previsto para la función pública, en 2022, al aumento de precio del petróleo en el mercado.
Según la responsable, con este tipo de relación se tendría que hacer un aumento superficial porque, una vez que este mismo precio del petróleo se fijara por debajo de las previsiones presupuestarias, no habría condiciones para pagar los salarios, ya que se formó una base del precio de ese producto.
“Si este aumento o ajuste, que tiene como objetivo restaurar el poder adquisitivo de las familias angoleñas, en el marco de la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE/2022), estuviese ligado a que los ingresos petroleros, hoy, son mayores o vencidos a una mínima fluctuación del precio, el Gobierno no podría pagar los salarios”, explicó.
En un encuentro informal entre la ministra de Finanzas, Vera Daves, y periodistas, agregó que se realizan ajustes salariales siempre que no comprometan la sostenibilidad y las reformas en curso en el país, en los más variados sectores, con el fin de mejorar las condiciones de la vida de la población.
"Este tipo de asociaciones deben ser crucificadas en absoluto porque además de no traer ningún beneficio real, ni para el Gobierno ni para los trabajadores, son muy difíciles de gestionar si se practican y se ponen en marcha", reforzó el secretario de Estado para el Presupuesto e Inversión Pública.
El Gobierno, prosiguió Aia-Eza da Silva, está preparando un ajuste en los sueldos de la Función Pública, como parte de las medidas de ayuda económica y social para familias y empresas, previstas en los Presupuesto General del Estado 2022 (PGE), por vías. para restaurar el poder adquisitivo de las familias angoleñas.
En este momento se encuentra en marcha el trabajo técnico para hacer los arreglos necesarios para el posible aumento que se hará en función del límite de la capacidad financiera disponible del Gobierno, aunque aún no ha sido validado por los Ministerios de Finanzas (MINFIN) y Administración Pública, Trabajo y Seguridad Social (MAPTSS),
La propuesta respectiva resumida en el informe da expresión presupuestaria, entre otras, a medidas tributarias, fomentando el empleo y protegiendo la renta y el consumo de las familias, en un año en el que el Gobierno revierte la postura fiscal restrictiva observada desde 2018, para adoptar una política más expansiva.
Como parte de las medidas para defender mejor los ingresos y el consumo de las familias, el Gobierno permitirá un aumento de la masa salarial en la Administración Pública, reautorizando la progresión, los ascensos, las nuevas contrataciones y las actualizaciones de carrera.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha revelado el porcentaje a aumentar en la nómina actual de los funcionarios, mientras tanto se está negociando con algunas clases profesionales que amenazan y/o están en huelga, como ocurre con profesores universitarios de instituciones públicas.
