Luanda - La Asociación Angoleña de Derechos del Consumidor (AADIC) informó, este viernes, que muchas instituciones del país funcionan sin libros de quejas, en particular bancos comerciales, hospitales y escuelas.
Según el vicepresidente de la AADIC, Jordão Coelho, esta práctica impide a los consumidores presentar sus inquietudes ante determinadas instituciones, lo que constituye una violación de sus derechos.
En declaraciones a la ANGOP, con motivo del Día Internacional de los Derechos del Consumidor (15 de marzo), el especialista también denunció que la mayoría de las instituciones privadas de segundo ciclo y de educación superior del país cobran a los estudiantes cantidades monetarias para garantizar la pasantía curricular y la orientación de un tutor para el último curso.
Esta práctica, explicó, también constituye una ilegalidad.
Según la fuente, la pasantía curricular planificada no debe ser pagada por el estudiante, porque, desde el principio, forma parte del contenido académico curricular y debe estar indexada a la tarifa anual contractual, a través de cuotas mensuales.
Según la ley, aclaró, la prestación de un servicio no puede dar lugar a dos pagos, por lo que las instituciones tienen el deber de hacerse cargo de todos los costos inherentes a los gastos del tutor.
En el caso de la pasantía curricular, dijo, el estudiante sólo deberá pagar cuando no esté incluida en el curso y si manifiesta interés.
“Es necesario rescatar los valores morales y cívicos, en una estrecha colaboración entre el Estado, las familias y un plan curricular académico, con el fortalecimiento de los contenidos de la disciplina Educación Moral y Cívica”, consideró.
Respecto al Día Internacional del Consumidor, Zacarias Simão, conductor de 40 años, consideró que en Angola hay instituciones que no respetan a los clientes, como las compañías de seguros.
El consumidor denunció que, el año pasado, un vehículo asegurado chocó con su vehículo, también con contrato de seguro, “la compañía aseguradora se comprometió a reparar el auto dentro de los 30 días, pero lo entregó 90 días después. Esto requirió una contribución del 30% por parte del perjudicado”.
“Estuve casi cuatro meses sin auto y la compañía de seguros ni siquiera me brindó ningún tipo de ayuda para mitigar este bochorno, hecho que me hizo cambiar de compañía de seguro”, lamentó.
Josimar Baptista, de 48 años, lamentó lo que considera el débil desempeño de ANIESA, que no “mira” a las grandes superficies comerciales que especulan o suben los precios a diario.
Para este entrevistado, el cliente, en determinados supermercados, se enfrenta cada día a precios diferentes para el mismo producto, combinado con el hecho de que encuentra etiquetas en un idioma extranjero.
Alice Quitutu, de 52 años, consideró que en Angola las entidades que controlan los precios y defienden los Derechos del Consumidor no actúan con firmeza sobre los comerciantes.
Para este ciudadano, en los últimos años ya no se conocen los precios oficiales, “cada tienda, almacén e incluso en el mercado paralelo, cada uno tiene su propio precio para un mismo producto”.
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