Johannesburgo - El Presidente de Sudáfrica negó hoy que interfirió en el funcionamiento del poder judicial, respondiendo así a las acusaciones de la oposición de que era responsable del retraso en la presentación del informe final de la investigación sobre la presunta corrupción en el país.
"La Presidencia rechaza las acusaciones de que el Presidente interfirió de alguna manera en el trabajo de la comisión judicial, como especulan algunos partidos de la oposición", dijo la oficina de Cyril Ramaphosa en un comunicado.
La comisión, dirigida por el juez Raymond Zondo, investiga las denuncias de corrupción durante el mandato del ex presidente Jacob Zuma y, aunque ya presentó varios informes parciales, la publicación del informe final se ha retrasado desde el 15 de junio.
La presidencia sudafricana subrayó que "aún no recibió ningún tipo de copia del informe final de la comisión" y añadió que el propio juez Raymond Zondo comunicó a Cyril Ramaphosa el 16 de junio que había "un retraso" en el documento y que estaba trabajando para "terminar el informe lo antes posible".
"La comisión indicó posteriormente que el informe electrónico sería entregado al Presidente durante la tarde del 19 de junio de 2022, lo que lamentablemente no ocurrió", explicó, al tiempo que confirmó una llamada telefónica el lunes entre Ramaphosa y Zondo para abordar la situación.
Por otro lado, señaló que se acordó la fecha "provisional" del 22 de junio para la presentación del informe y subrayó que "la Presidencia hará un anuncio tan pronto como reciba el informe final de la Comisión Judicial de Investigación de los cargos de captura del Estado".
Las investigaciones sobre la "captura del Estado" se pusieron en marcha tras las acusaciones de corrupción recogidas en un informe de la ex defensora pública sudafricana -figura equivalente al defensor del pueblo- Thuli Madonsela, en el que se detallaban sus vínculos con la familia Gupta, vinculada a Zuma.
Jacob Zuma fue condenado en junio de 2021 a 15 meses de prisión por desacato por negarse a declarar ante un panel judicial que investiga la corrupción durante su mandato, y mientras se enfrenta a un juicio por presunta corrupción, por cerca de 800 pagos que supuestamente recibió relacionados con la compra de armas a la empresa francesa Thales para modernizar el aparato de defensa del país a finales de la década de 1990.
El ex presidente del Congreso Nacional Africano (CNA) -partido que dirigió entre 2007 y 2017, cuando fue destituido en un consejo interno por su vicepresidente y actual presidente, Ramaphosa- fue el primer jefe de Estado electo en ser condenado a prisión.
