Abuja - La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) advirtió hoy que las autoridades nigerianas deben garantizar la reponsabilización por los abusos de las fuerzas de seguridad en las últimas y permitir que las personas puedan votar de manera segura en las elecciones generales del 25 de febrero.
"Las elecciones se llevarán a cabo en un contexto de impunidad por los abusos de las fuerzas de seguridad y otros actores durante las elecciones generales anteriores de 2019", dijo la ONG en un comunicado.
Las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas para fines de febrero, seguidas de las elecciones legislativas y de gobernadores de los estados el 11 de marzo, también se desarrollan en un contexto de inseguridad en diferentes zonas del país.
Los nigerianos enfrentan terrorismo en el noreste, secuestros y ataques con armas en el centro y noroeste, y violencia en el sureste, perpetrada por el grupo separatista Pueblos Indígenas de Biafra (IPOB), que ha atacado las instalaciones de la Comisión Electoral Nacional Independiente de Nigeria (INEC).
“Un espeso velo de violencia cubre las elecciones de 2023 y socava el derecho fundamental de las personas al voto”, dijo Anietie Ewang, investigadora de HRW Nigeria.
Si bien las elecciones de 2015 fueron en gran parte pacíficas y presenciaron la primera transición del poder a la oposición desde el regreso de la democracia en 1999, "las elecciones de 2019 estuvieron marcadas por la violencia de las fuerzas de seguridad, incluido el ejército, y por bandidos bajo las órdenes de políticos”, lamentó HRW.
Por ejemplo, "oficiales militares dispararon y mataron indiscriminadamente a civiles en el estado de Rivers (sur), mientras matones políticos y agentes de seguridad atacaron a funcionarios electorales, votantes, periodistas y otros observadores" en el estado de Rivers y Kano (norte), según investigaciones de ONG.
Ante estas acusaciones, el ejército nigeriano creó una comisión en marzo de 2019 para investigar los hechos. Sin embargo, cuatro años después, aún se desconocen sus conclusiones, lamentó HRW.
El INEC también anunció la acusación de cerca de 20 personas por delitos como destrucción de materiales electorales, posesión ilegal de papeletas o compra de votos, pero no está claro si estos casos fueron cerrados o si se impusieron condenas.
Según la comisión electoral, la impunidad se debe a que son precisamente las fuerzas de seguridad las que deben investigar estos crímenes.
“Las autoridades (…) deben crear sistemas y planes adecuados en todo el país para que los ciudadanos puedan ejercer con seguridad su derecho al voto”, subrayó Ewang.
La primera votación producirá al sucesor del actual presidente, Muhammadu Buhari, quien no busca la reelección después de completar su segundo y último mandato de cuatro años.
Nigeria es uno de los principales productores de petróleo de África, pero las desigualdades sociales son tan graves que cuatro de cada diez personas viven por debajo del umbral de la pobreza en el país, según los últimos datos del Banco Mundial.
Esto, sumado a la creciente inseguridad, entre otros problemas, erosionó seriamente la popularidad de Buhari y su partido, el Congreso de Todos los Progresistas (APC), según las encuestas.
