Malabo - El Gobierno de Guinea Ecuatorial "rechaza y repudia" las acusaciones supuestamente "infundadas" del Parlamento Europeo, que la semana última condenó al país a la persecución política, ilustrada con la muerte, en enero, del líder de la oposición, Julio Obama Mefuman.
“El Gobierno de Guinea Ecuatorial expresa su más categórico repudio y rechazo a las infundadas acusaciones del Parlamento Europeo sobre supuestas violaciones de los derechos humanos en nuestro país en su desafortunada resolución”, escribió en la red social Twitter este miércoles del vicepresidente de Guinea Ecuatorial , Teodoro Nguema Obiang Mangue.
“El Parlamento Europeo (PE), que desde hace tiempo condena los actos terroristas ocurridos en Guinea Ecuatorial en 2017 como una amenaza global, defiende a los dos ciudadanoss españoles involucrados en los mismos, tergiversando la realidad de dos hechos”, y acusa al hijo de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, considerando que la resolución aprobada por la Cámara en Estrasburgo hace una semana "sugiere su papel como instigador del terrorismo" contra el país.
La muerte de Julio Obama Mefuman, de nacionalidad española, fue anunciada hace poco más de un mes por su partido, Movimiento para la Liberación de la República de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R), oposirtor al gobierno de Teodoro Obiang, en la prisión de Oveng Azem, en Mongomo (ciudad fronteriza con Gabón), como consecuencia de las torturas.
Esta información, que Malabo desmintió, fue transmitida al movimiento por "fuentes diplomáticas españolas", según MLGE3R.
Julio Obama “fue uno de los cuatro” miembros del MLGE3R- dos de ellos de nacionalidad española- secuestrados por el gobierno de Obiang el 15 de noviembre de 2019 en Juba (capital de Sudán del Sur), y fue “trasladado subrepticiamente a Guinea Ecuatorial, encerrados en celdas subterránea y brutalmente torturados", explicó el movimiento.
El pasado día 16, el Parlamento Europeo responsabilizó al gobierno de Guinea Ecuatorial por la muerte de Julio Obama e instó a los Estados miembros europeos a exigir el cese de todas las persecuciones políticas en ese país, miembro de la Comunidad Lusófona de los Países (CPLP) desde 2014 .